El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó un nuevo borrador de decreto que modifica la forma en que se fija el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
La propuesta se conoció a través de Caracol Radio y establece que estos inmuebles tendrían que comercializarse en pesos colombianos desde el momento en que el comprador manifieste su intención de vincularse al negocio, y no en salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre actualmente.
El proyecto mantiene los topes máximos definidos en la normativa vigente, es decir, hasta 135 salarios mínimos para la VIS y hasta 90 salarios mínimos para la VIP. En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el límite de la Vivienda de Interés Social Rural será de hasta 280 salarios mínimos, dadas las condiciones particulares del territorio.
La modificación plantea que el vendedor tendrá que informar de manera expresa, clara y verificable el precio total en pesos desde el inicio del proceso comercial, ya sea mediante separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario, opción de compra o documento equivalente. Además, precisa que el valor fijado no podrá superar el tope correspondiente al momento de la adjudicación o adquisición.
El ajuste surge en un contexto marcado por el reciente incremento del salario mínimo, que para 2026 fue fijado con un aumento del 23,7%. Dado que los proyectos VIS y VIP se ofrecen usualmente en salarios mínimos, cualquier variación en este indicador puede reflejarse en el precio final de la vivienda si la venta no se ha cerrado.
Con la nueva propuesta, el Gobierno busca desligar el valor comercial de estos inmuebles de la variación automática del salario mínimo una vez el comprador haya iniciado el proceso contractual.
La iniciativa ha generado cuestionamientos por parte del sector constructor. El gremio Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) señaló que establecer controles sobre el precio de la VIS podría trasladar al sector vivienda los efectos derivados del ajuste del salario mínimo. Según el gremio, una intervención de este tipo puede afectar la oferta futura, incidir en la dinámica del mercado y comprometer el acceso a subsidios y crédito hipotecario.
Camacol también indicó que durante la actual administración el precio máximo de la VIS ha aumentado de manera acumulada y que el incremento del salario mínimo impacta no solo la mano de obra directa sino también el costo de los materiales de construcción.
De acuerdo con el gremio, estos componentes representan cerca del 70% del costo directo de los proyectos, lo que podría incidir en el desarrollo de nuevas iniciativas.
No obstante, los constructores precisaron que el aumento del salario mínimo no implica que la vivienda ya vendida se encarezca automáticamente en el mismo porcentaje. El debate se centra, según han manifestado, en los efectos sobre la oferta futura y la viabilidad financiera de nuevos proyectos.
El borrador de decreto entra ahora en etapa de observaciones y comentarios. Con esta propuesta, el Gobierno abre un nuevo frente de discusión con el sector constructor sobre la forma de fijar el precio de la vivienda social y prioritaria en un escenario de variaciones significativas del salario mínimo.
