El horizonte político del gobierno de Gustavo Petro que tambaleará en los próximos meses, pues parece que ya se anticipa una significativa desbandada de ministros entre diciembre y marzo.
Al parecer, muchos de ellos aspiran a posiciones en el Congreso o se perfilan como precandidatos para las próximas elecciones. Esta situación plantea un desafío para la continuidad del gobierno y genera incertidumbre sobre quién ocupará los espacios vacantes en el gabinete.
Según fuentes cercanas al Ejecutivo, ya circulan varios nombres de ministros que podrían dejar sus cargos en busca de nuevas oportunidades políticas.
Entre ellos se mencionan a Irene Vélez y Andrés Camacho, quienes estarían contemplando su llegada al Congreso. Por su parte, Juan Fernando Cristo se perfila como un potencial precandidato, mientras que el canciller Luis Gilberto Murillo podría lanzar su candidatura presidencial.
Otros nombres que suenan incluyen a Susana Muhamad, Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Alfonso Prada, Gustavo Bolívar y Alexander López.
La posibilidad de que estas figuras políticas abandonen el gobierno genera la pregunta sobre quién aceptará asumir un Ministerio en esta recta final.
Con la salida de varios altos funcionarios, se teme que el gabinete se convierta en un espacio predominantemente ocupado por viceministros. Esto podría llevar a una falta de liderazgo y estabilidad en un gobierno que ya enfrenta críticas por su gestión y por la polarización del país.
El escenario se complica aún más si se considera que el tiempo apremia y que el próximo ciclo electoral se acerca rápidamente.
Los ministros que decidan dar un paso al costado para perseguir sus ambiciones políticas estarán dejando un vacío en el gobierno que deberá ser llenado con urgencia. En este sentido, la presión sobre Petro para nombrar sustitutos competentes y capaces de mantener la estabilidad gubernamental se intensifica.
A medida que se aproxima esta etapa de cambios y reacomodos en el gabinete, se abre un debate sobre el impacto que tendrá esta desbandada en la agenda legislativa y en la implementación de las políticas del gobierno.
La llegada de nuevos actores políticos podría llevar a una reconfiguración de prioridades en un gobierno que ya ha enfrentado dificultades para cumplir con sus promesas.
