El Gobierno del presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Corte Constitucional por una presunta extralimitación de poder, tras la expedición del decreto de emergencia económica 1930 del 22 de diciembre de 2025. La acción fue presentada por el abogado y activista David Cote, quien solicitó al alto tribunal revisar la constitucionalidad de la medida y evaluar si el Ejecutivo incurrió en un uso indebido de las facultades excepcionales previstas en la Carta Política.
La denuncia se produce luego de que el decreto de emergencia fuera remitido oficialmente a la Corte Constitucional para su control automático. El caso quedó en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, quien deberá analizar si las circunstancias alegadas por el Gobierno cumplen los requisitos constitucionales de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. El debate se da en medio de la vacancia judicial y legislativa, un periodo que, según críticos, habría sido aprovechado para expedir normas con impacto fiscal sin un control inmediato.
Uno de los puntos centrales de la controversia es el decreto reglamentario 1474, radicado el 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se establecieron impuestos con fuerza de ley, entre ellos un IVA del 19% a las bebidas alcohólicas y a las apuestas en línea, vigentes desde el 1 de enero de 2026. Para el demandante, estas disposiciones no corresponden a una situación de emergencia económica sobreviniente, sino a decisiones estructurales de política fiscal que, a su juicio, deberían tramitarse en el Congreso.
David Cote argumentó ante la Corte que el Gobierno estaría utilizando la figura del estado de excepción para legislar por decreto y evitar el debate democrático. En su criterio, las emergencias económicas están previstas para atender hechos imprevisibles y graves, y no para subsanar dificultades derivadas de la gestión gubernamental o del fracaso de iniciativas legislativas, como la reforma tributaria. También cuestionó la oportunidad de la medida, al haberse expedido durante el receso institucional.
Otro aspecto señalado en la demanda es la reintroducción del impuesto al patrimonio, con una reducción del umbral a partir de capitales de 2.000 millones de pesos, cuya declaración está prevista para mayo. Diversos analistas han advertido que este tipo de decisiones tiene efectos económicos relevantes y requiere un estricto control constitucional para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia fiscal.
Desde distintos sectores políticos y jurídicos también se ha solicitado a la Corte Constitucional evaluar la posibilidad de suspender provisionalmente el decreto de emergencia, mientras se estudia su legalidad. El tribunal podría tardar varios meses en emitir un fallo de fondo, tiempo durante el cual el magistrado ponente podría solicitar información adicional a la Presidencia y al Ministerio de Hacienda.
La decisión que adopte la Corte será clave para definir los límites del poder presidencial en estados de excepción y el alcance de las facultades extraordinarias para decretar impuestos, en un contexto marcado por tensiones políticas y económicas.
