El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el marco de un consejo de seguridad en la ciudad de Medellín, abordó la crítica situación de orden público que enfrenta el departamento de Antioquia, especialmente en su zona norte. Durante su intervención, el alto funcionario reconoció el incremento de los homicidios y el desplazamiento forzado, atribuyéndolos a la convergencia de varias estructuras criminales que operan en la región.
Sánchez aseguró que el Gobierno Nacional mantiene su respaldo total a Antioquia y que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continúan fortaleciendo su presencia en el territorio. “Antioquia no está sola, no ha estado sola y jamás estará sola”, afirmó el ministro, destacando que actualmente más de 28.000 uniformados entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía se encuentran desplegados en el departamento, con capacidades terrestres, aéreas, fluviales, navales y policiales para enfrentar la criminalidad.
El titular de la cartera de Defensa explicó que el aumento de la violencia en esta zona obedece principalmente a la disputa territorial entre tres grupos armados ilegales. “En el norte de Antioquia se ha incrementado el desplazamiento forzado y los homicidios, producto de la convergencia criminal de tres actores del delito”, indicó.
El primer grupo mencionado por el ministro fue el Clan del Golfo, al mando de alias Medellín, por quien el Gobierno ofreció una recompensa de hasta $500.000.000 millones de pesos. Esta organización, señaló, mantiene un fuerte control sobre actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, además de imponer restricciones violentas a las comunidades rurales.
El segundo grupo señalado es la estructura 36, alineada con el cartel de alias Calarcá. Por sus principales cabecillas entre ellos alias Chenjo el Gobierno ofreció una recompensa de hasta $2.000 millones de pesos, mientras que por alias Primo Gay se ofrece hasta $500.000.000 millones de pesos.
El ministro también se refirió a la estructura 18, que anteriormente estaba alineada con el cartel de Calarcá, pero que, según información de inteligencia, habría pasado a colaborar con el cartel de Mordisco. Por su cabecilla, alias Ramiro, se ofrece una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos.
Sánchez subrayó que todas estas organizaciones tienen un mismo propósito: sostener sus economías ilegales y garantizar sus corredores de movilidad para el tráfico de drogas y la extracción ilícita de minerales. “Estos criminales solo buscan fortalecer sus economías ilegales, mantener el control de las rutas del narcotráfico y expandir la minería ilegal. El ADN de estas estructuras es netamente criminal, su cultura es netamente traqueta y no les importa violar la ley ni afectar a nuestros campesinos”, sostuvo.
Finalmente, el ministro reiteró que las Fuerzas Armadas seguirán ejecutando operaciones ofensivas en el norte de Antioquia para restablecer el orden y proteger a la población civil. “Estamos comprometidos con devolverle la tranquilidad a esta tierra trabajadora. No descansaremos hasta desarticular estas estructuras criminales y garantizar la seguridad de todos los antioqueños”, concluyó.
