En un nuevo episodio de fricciones entre el Gobierno Nacional y el Distrito, el Consejo de Estado admitió revisar una demanda presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que busca anular la licencia ambiental otorgada para la ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá, una obra considerada crucial para la movilidad de la capital.
La demanda se centra en que, según el Ministerio, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) no respondió a tiempo un recurso de reposición presentado en abril de 2024, activando lo que se denomina un “silencio administrativo negativo”.
El Ministerio no solo solicitó la nulidad de la resolución que concedió la licencia, sino también de cualquier acto derivado del silencio administrativo. Además, incluyó a Fiduciaria Bogotá S.A., encargada del Fideicomiso Lagos de Torca y titular de la licencia, como parte interesada en este proceso.
Mientras las partes, incluidos el Ministerio Público y la Fiduciaria Bogotá S.A., preparan sus respuestas y pruebas, el Consejo de Estado solicitó a la CAR entregar el expediente administrativo completo.
A pesar de la petición del Ministerio para suspender temporalmente la licencia ambiental, el tribunal rechazó la solicitud cautelar por no acreditar una urgencia que justifique la suspensión inmediata.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció ante esta decisión a través de la plataforma X, donde cuestionó la intervención del Gobierno Nacional: “Otra intromisión más del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá y que, por cierto, la ciudad ya definió.
Con esta demanda, el Gobierno está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá”, expresó el mandatario.
Galán denunció lo que considera un bloqueo sistemático por parte del Gobierno Nacional, que busca frenar “por cualquier medio” la ampliación de la Avenida Boyacá.
