El Gobierno presentó nuevos lineamientos para la importación de buses eléctricos a través del Decreto 1294 de 2025, decisión que reactivó el debate sobre el papel de la industria nacional en la transición energética.
La norma fija un arancel del 10% para ciertas importaciones de estos vehículos y, según el Ejecutivo, responde a un análisis de la capacidad productiva instalada en el país y a la necesidad de consolidar una cadena industrial que ya opera en este sector.
De acuerdo con la información oficial, Colombia cuenta hoy con procesos de ensamble que integran diseño, ingeniería y un volumen creciente de autopartes producidas localmente. Bajo esa premisa, el Gobierno sostiene que la industria nacional es capaz de fabricar cerca de 1.500 buses eléctricos al año, cifra que permitiría atender la demanda interna y proyectar oferta hacia otros países de la región. Las autoridades plantean que esta capacidad podría ampliarse si existe un entorno de inversión estable y reglas de mercado claras.
La administración resalta que la transición energética debe construirse de manera paralela al fortalecimiento de la producción nacional, con el argumento de que depender exclusivamente de vehículos importados puede generar incertidumbre frente a cambios logísticos o comerciales a nivel internacional.
En ese sentido, el arancel se interpreta como una herramienta de política industrial dirigida a equilibrar el mercado y no como un obstáculo para el avance de la movilidad eléctrica.
El decreto enfatiza que la movilidad limpia se ha convertido en un espacio de desarrollo para la manufactura colombiana. En el país ya se ensamblan carrocerías y sistemas eléctricos, además de componentes desarrollados mediante soluciones técnicas locales. Para el Gobierno, este entorno evidencia que la transición energética puede funcionar como un motor de reindustrialización, generando encadenamientos productivos, empleos especializados y mayor atractivo para la inversión.
También señala que fortalecer la base industrial contribuye a que los buses eléctricos producidos en Colombia puedan competir en mercados regionales que avanzan en la electrificación del transporte público. La apuesta oficial apunta a consolidar sectores capaces de innovar y escalar su producción, con el propósito de integrar más contenido local y ampliar capacidades tecnológicas replicables en otros segmentos de movilidad y energía.
En la explicación del Ejecutivo, la medida no busca restringir la entrada de vehículos eléctricos, sino garantizar que el crecimiento del sector esté acompañado por el desarrollo de la industria nacional. La intención, afirman, es que la transición hacia energías más limpias se traduzca en producción local, conocimiento técnico y empleo.
El decreto concluye reiterando que los ajustes forman parte de una política industrial articulada con la transición energética, orientada a modernizar la estructura productiva y promover una movilidad eléctrica fabricada en el país.
