El Gobierno nacional retiró del Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, iniciativa que planteaba una reforma al régimen de inspección, vigilancia y control del sector transporte. La propuesta, presentada por el Ministerio de Transporte junto con la Superintendencia de Transporte, generó reacciones de gremios y actores vinculados a las plataformas digitales de movilidad por el alcance de varias de sus disposiciones.
La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el retiro busca ajustar el articulado luego de interpretaciones surgidas alrededor del contenido del proyecto. Según indicó, el objetivo es revisar el texto para que refleje los espacios de diálogo que se han desarrollado con representantes del sector transportador.
El proyecto había sido radicado el 20 de enero ante la Secretaría del Senado y constaba de 118 artículos distribuidos en 71 páginas. La iniciativa proponía modificar el esquema sancionatorio vigente para enfrentar lo que el Gobierno clasifica como transporte informal e ilegal. Entre las medidas incluidas figuraban sanciones económicas, inmovilización de vehículos y facultades administrativas frente a plataformas tecnológicas de intermediación.
Diversos gremios advirtieron que el articulado podía impactar a conductores vinculados a aplicaciones y a usuarios de servicios de movilidad digital. Las preocupaciones se centraron en la magnitud de las multas y en la posibilidad de restricciones operativas para plataformas como Uber, Didi, Yango y Cabify.
El texto contemplaba sanciones que podían alcanzar hasta 4,7 millones de pesos por viaje en determinados supuestos y establecía topes que superaban los 2.100 millones de pesos en casos acumulados.
También ampliaba los tiempos de inmovilización de vehículos, con periodos de hasta 60 días por una primera infracción y 90 días en caso de reincidencia. Adicionalmente, se planteaban facultades para suspender operaciones de plataformas sin orden judicial.
El proyecto retomaba discusiones abiertas desde 2024, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra varias plataformas de transporte por presuntas infracciones relacionadas con la libre competencia y el cumplimiento de la regulación sectorial.
Serna señaló que el retiro responde a la necesidad de introducir ajustes que otorguen mayor claridad al contenido del proyecto. Según su declaración, el Gobierno busca que el nuevo texto sea coherente con las mesas de negociación adelantadas con los gremios de carga y otros actores del sistema de transporte.
Hasta el momento no se ha informado una fecha para la nueva radicación de la iniciativa. Las autoridades indicaron que continuarán los espacios de concertación con empresas, conductores y organizaciones del sector antes de presentar una versión revisada ante el Congreso.
El Ejecutivo sostiene que la reforma pretende actualizar herramientas de control consideradas desactualizadas y fortalecer la capacidad institucional frente al transporte ilegal.
