En un nuevo Consejo de Ministros transmitido este lunes 19 de enero, el presidente Gustavo Petro explicó al país los fundamentos y alcances del decreto de emergencia económica, en un contexto marcado por las dificultades fiscales que, según el mandatario, enfrenta el Estado colombiano.
Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que el Gobierno recibió un déficit fiscal primario que, sumado al desbalance de la balanza comercial, compromete la capacidad del país para atender sus obligaciones financieras de manera sostenible.
Petro señaló que el déficit primario es un indicador clave para medir la posibilidad de pago de la deuda pública, en la medida en que refleja si los ingresos corrientes del Estado alcanzan para cubrir los intereses de esa deuda.
De acuerdo con su explicación, la persistencia de este déficit incrementa el costo del endeudamiento y reduce los recursos disponibles para el funcionamiento del Estado. En ese escenario, el presidente recordó que las reformas tributarias y las leyes de financiamiento promovidas por su Gobierno buscaban reducir ese desbalance y garantizar la sostenibilidad fiscal.
Durante el Consejo, el mandatario advirtió que el hundimiento de los decretos financieros asociados a la emergencia económica tendría efectos directos sobre el presupuesto nacional. Según indicó, de no mantenerse estas medidas, el Gobierno se vería obligado a realizar nuevos recortes, que podrían impactar sectores como salud, educación y los salarios de policías y soldados.
Petro recordó que en 2023 ya se ejecutó un recorte presupuestal de 16 billones de pesos y afirmó que el margen para ajustes adicionales es limitado, debido a las restricciones constitucionales que protegen el gasto social y el servicio de la deuda.
Como alternativa a nuevos recortes, el presidente planteó la posibilidad de revisar las concesiones viales, en especial las correspondientes a proyectos de cuarta y quinta generación. En ese punto, mencionó la opción de reordenar recursos que se encuentran en fiducias de concesionarios, en casos donde las obras no se han ejecutado conforme a los cronogramas establecidos, lo que permitiría aliviar la presión fiscal sin afectar programas sociales.
En materia social, Petro anunció una directriz dirigida al Ministerio de Educación para que todos los colegios del país, tanto públicos como privados, cuenten con un servicio obligatorio de atención psicológica.
El presidente precisó que este servicio deberá ser gratuito para los estudiantes y que su financiación provendrá de las utilidades de los colegios privados o del presupuesto nacional en el caso de las instituciones oficiales. Según indicó, el aumento del 23% en el presupuesto del sector educativo permitiría avanzar en la implementación de esta medida.
Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso cifras sobre la evolución de los ingresos y gastos del Estado entre 2018 y 2026. Señaló que, aunque los ingresos han crecido como porcentaje del PIB, el gasto lo ha hecho a un ritmo mayor, impulsado en gran medida por el aumento del servicio de la deuda y por la rigidez del gasto público.
A lo largo de su exposición, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, profundizó en los elementos técnicos que, según el Gobierno, explican la declaratoria de la emergencia económica y la estrechez fiscal que enfrenta el Estado.
Ávila detalló la relación estructural entre los ingresos de la Nación y el crecimiento del gasto público, con énfasis en el comportamiento registrado entre 2018 y 2026. De acuerdo con las cifras presentadas, aunque los ingresos han aumentado en los últimos años, pasando del 16,5% al 18,1% del PIB, los gastos han crecido a un ritmo superior, al subir del 23,2% al 24,3% del PIB en el mismo periodo.
El ministro explicó que esta brecha no obedece únicamente a nuevas políticas de gasto, sino a factores estructurales como el encarecimiento del servicio de la deuda pública. Señaló que una parte significativa del aumento del gasto está asociada al pago de intereses y obligaciones financieras, las cuales se incrementaron por la devaluación del peso registrada en años anteriores y por el mayor costo del endeudamiento externo. Según Ávila, aunque en 2025 se logró una leve contención del impacto de la deuda mediante operaciones de manejo financiero, la tendencia general sigue presionando el presupuesto nacional.
Otro de los puntos centrales de su intervención fue la inflexibilidad del gasto público. El ministro indicó que, en 2024, cerca del 87,5 % del gasto total correspondía a rubros inflexibles, proporción que ascendió al 93,1 % en 2025 y al 93,7 % en 2026. Dentro de estos compromisos se encuentran el servicio de la deuda, el Sistema General de Participaciones, las pensiones, los gastos de personal —en particular de la fuerza pública—, el financiamiento del sistema de salud y las vigencias futuras derivadas de contratos de infraestructura vial. Para 2026, precisó, el servicio de la deuda representa el 18,4 % del gasto total, con obligaciones que superan los 100 billones de pesos.
Ávila también se refirió al impacto de la no aprobación de las leyes de financiamiento en los últimos dos años. Según expuso, la negativa del Congreso a estas iniciativas implicó una reducción acumulada de 28,3 billones de pesos en los ingresos previstos para los presupuestos de 2025 y 2026, lo que obligó a ajustes adicionales y agravó las restricciones de caja del Gobierno. A esto se suman, dijo, limitaciones para incrementar el endeudamiento y rezagos en pagos que se han trasladado de un año a otro.
En su presentación, el ministro enumeró una serie de obligaciones recientes que, a su juicio, refuerzan el carácter excepcional de la situación fiscal. Entre ellas mencionó la orden de la Corte Constitucional de equiparar la prima de la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado, lo que implica un gasto adicional de 3,3 billones de pesos; las necesidades en materia de seguridad ciudadana y protección electoral; los requerimientos para atender emergencias climáticas y desastres naturales; los subsidios a servicios públicos en la región Caribe; el pago de sentencias judiciales y los compromisos de reparación a víctimas.
Ávila sostuvo que el conjunto de estas obligaciones compromete derechos fundamentales y, en ese contexto, fundamenta la decisión del Ejecutivo de acudir a la emergencia económica.
