El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional expedirá en los próximos días un nuevo decreto que definirá el salario mínimo para 2026, en cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado que suspendió de forma provisional el incremento fijado a finales del año anterior.
El mandatario confirmó durante la alocución presidencial del pasado domingo que el Ejecutivo acatará la orden judicial mediante un acto administrativo transitorio mientras avanza la revisión del caso.
El jefe de Estado explicó que el nuevo documento mantendrá el concepto de salario vital planteado por su administración. Señaló que el decreto incorporará estudios adicionales para sustentar la variación salarial conforme a las exigencias jurídicas planteadas por el tribunal.
Según indicó, los análisis económicos presentados por el Gobierno continúan respaldando la decisión adoptada previamente, aunque reconoció que el ajuste podrá revisarse en función de nuevas condiciones económicas.
El presidente sostuvo que los cálculos oficiales consideran la relación entre productividad laboral y remuneración en Colombia. En ese contexto, afirmó que el nuevo decreto buscará reflejar esas variables dentro de los parámetros exigidos por la jurisdicción contenciosa administrativa.
El Ejecutivo dispone de un plazo de ocho días, contado a partir del auto judicial, para emitir el acto administrativo que reemplace temporalmente el decreto suspendido. Uno de los puntos centrales expuestos por el mandatario fue la intención de avanzar hacia un esquema de salario móvil. De acuerdo con su explicación, este modelo permitiría ajustes dinámicos en la remuneración básica según el comportamiento de indicadores económicos. Petro señaló que este criterio encuentra respaldo en decisiones previas de la Corte Constitucional y que el nuevo decreto buscará integrar de forma expresa ese principio.
El Presidente también anunció que solicitará una aclaración formal al Consejo de Estado respecto a los fundamentos de la suspensión provisional. Según expresó, la discusión jurídica gira en torno a la interpretación del carácter prevalente de la protección constitucional al trabajo. Citó apartados de la Constitución relacionados con la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, y afirmó que ese principio orientará el nuevo acto administrativo.
El Gobierno reiteró el llamado a retomar espacios de concertación entre empresarios y trabajadores en el marco institucional correspondiente. La administración nacional sostiene que el concepto de salario vital se fundamenta en criterios constitucionales y en definiciones internacionales sobre ingreso familiar, entre ellas las planteadas por la Organización Internacional del Trabajo. Mientras se expide el decreto transitorio, el trámite judicial continúa bajo revisión del alto tribunal.
