El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno evalúa permitir que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) porten sus armas de dotación fuera del horario laboral, como medida preventiva frente a la serie de atentados registrados en las últimas semanas contra miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.
La propuesta fue discutida durante una reunión de alto nivel entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la dirección del Inpec, en la que se revisó la situación de seguridad del personal penitenciario. En lo corrido del año, cuatro atentados han tenido como objetivo a funcionarios del instituto, incluyendo el ocurrido en Cali contra el director regional del Inpec en el Valle, Guillermo Andrés González Andrade, cuando una granada fue lanzada contra su vehículo.
“Estamos evaluando permitirles que tengan armas cuando no estén de servicio para su defensa propia. La clave es prevenir cualquier atentado, y para la prevención es fundamental la información”, declaró el ministro Sánchez.
Como parte del plan de acción, el Gobierno definió tres líneas estratégicas para frenar los ataques contra el personal del Inpec. La primera contempla la creación de un grupo especial de protección articulado entre la Policía y la Fiscalía, con el objetivo de anticipar amenazas y responder de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo.
La segunda línea busca reforzar la seguridad en los entornos laborales mediante anillos de protección policial y apoyo de las Fuerzas Militares en los centros penitenciarios y zonas de alta exposición. La tercera está en evaluación, plantea la posibilidad de que los guardianes porten sus armas de dotación fuera del servicio como medida de defensa personal.
El Ministro también destacó que la Policía Nacional logró neutralizar recientemente a ocho presuntos responsables del asesinato de un guardián en Tuluá, el pasado 3 de octubre, como resultado de la estrategia conjunta de seguridad.
Sánchez reiteró además la recompensa de hasta $50.000.000 millones de pesos por información que permita identificar a los autores materiales e intelectuales de los ataques. “Ofrecemos hasta 50 millones de pesos por datos que conduzcan a la ubicación de los responsables. Necesitamos conocer sus nombres y sus rostros”, indicó.
El plan de contingencia incluye también el uso de herramientas tecnológicas para reforzar la vigilancia y monitorear los desplazamientos de los funcionarios del Inpec. “Estamos evaluando sistemas de monitoreo, cámaras inteligentes y acciones de inteligencia conjunta para anticipar las operaciones criminales”, añadió el titular de Defensa.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la seguridad de más de 13.000 funcionarios penitenciarios en todo el país y contener el accionar de las redes criminales que operan desde los establecimientos carcelarios y que, según las autoridades, estarían detrás de los recientes atentados.
