La decisión del Gobierno Nacional de suspender la regla fiscal mediante la activación de la cláusula de escape fue llevada ante el Consejo de Estado, donde se radicó la primera demanda que cuestiona la legalidad de la medida adoptada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
El recurso fue presentado por el ciudadano Pedro Nel Ospina, quien solicitó la nulidad del acto administrativo del Confis con el argumento de que no se cumplieron los requisitos legales ni constitucionales para poner en marcha esta figura excepcional. La demanda fue registrada el pasado 1 de julio y se centra en el uso presuntamente inadecuado de la cláusula de escape incluida en la Ley 2155 de 2021.
De acuerdo con el texto, la activación de esta herramienta fue jurídicamente infundada, al considerar que el Gobierno no demostró la existencia de un “hecho extraordinario e imprevisible” como lo exige la norma.
Según el demandante, los argumentos presentados como disminución del recaudo, aumento del gasto público y crecimiento del servicio de la deuda, corresponden a hechos previstos dentro del funcionamiento ordinario de la economía, y no justificaban la aplicación de una excepción de esta naturaleza.
Ospina también sostuvo que la decisión se tomó sin cumplir con el procedimiento establecido. En particular, señaló que no se presentó un análisis técnico riguroso que sustentara la urgencia de la medida, y que no se otorgó un papel determinante al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), cuya función es emitir conceptos independientes y objetivos en estos procesos.
En su demanda, el accionante advirtió que el dictamen del Carf fue ignorado, pese a que el comité había señalado que no se configuraban los criterios necesarios para aplicar la cláusula. A juicio del demandante, esta omisión compromete principios como la legalidad, la buena fe y la sostenibilidad fiscal.
El documento también plantea que la medida adoptada por el Gobierno vulnera los controles institucionales en el manejo del gasto público, y que genera un precedente que podría abrir la puerta a una utilización recurrente de excepciones fiscales sin el respaldo técnico requerido. Además, menciona que la medida afecta la credibilidad del país frente a calificadoras de riesgo e inversionistas, al crear incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas fiscales.
Entre las solicitudes presentadas, Ospina pide al Consejo de Estado declarar la nulidad del acto administrativo y ordenar la restitución inmediata del marco de disciplina fiscal anterior a la activación de la cláusula. Igualmente, propone que se emita una advertencia institucional sobre el uso indebido de esta figura, con el fin de preservar los límites establecidos para el manejo de la política económica.
