En la noche del 31 de diciembre, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1482, mediante el cual ordenó la suspensión general del porte de armas para civiles en todo el territorio nacional durante el año 2026. La medida, adoptada con base en la normatividad aplicable, mantiene vigentes únicamente las autorizaciones especiales para la Fuerza Pública, los esquemas de protección oficial, y las empresas de vigilancia y seguridad privada debidamente habilitadas.
Con esta decisión, el Ejecutivo dejó sin efecto las licencias de porte que habían sido concedidas a ciudadanos particulares, incluyendo aquellas otorgadas para porte o de tenencia, las cuales no permitirán tener armas durante el periodo establecido por el decreto. El Gobierno precisó que la disposición no afecta el uso de armas por parte de militares, policías, escoltas oficiales ni personal de seguridad privada autorizado, quienes seguirán operando bajo los marcos legales existentes.
Según lo expuesto en el decreto, la suspensión general busca reducir los riesgos asociados al uso de armas de fuego y contribuir a la disminución de los índices de violencia en el país. El Gobierno argumentó que la medida se adopta como una acción preventiva orientada a la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos, en un contexto en el que el control del armamento en manos de particulares es considerado un factor clave para la convivencia y el orden público.
La decisión se enmarca en una política que ha venido aplicándose de manera periódica en los últimos años, mediante decretos que limitan el porte de armas para civiles, y que suelen ser prorrogados de forma anual. En este caso, la suspensión fue establecida desde el inicio del año, con vigencia durante todo 2026, lo que significa que no se contemplan excepciones adicionales para ciudadanos particulares, más allá de las ya previstas para organismos oficiales y empresas autorizadas.
El decreto también ratifica que la tenencia de armas en domicilios, cuando se cuente con los permisos correspondientes, seguirá regulada por la autoridad competente, aunque sin habilitar el porte en espacios públicos. Las autoridades recordaron que cualquier incumplimiento de la suspensión general podrá acarrear sanciones administrativas y penales, de acuerdo con la legislación vigente.
Desde el Gobierno se insistió en que la medida responde a una estrategia de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, priorizando la protección de la vida como eje central de la política pública. Asimismo, se reiteró que la evaluación del impacto de la suspensión será permanente, a través del seguimiento de los indicadores de criminalidad y convivencia.
La disposición ya se encuentra en firme y será aplicada por las autoridades durante todo el año 2026, mientras continúan las acciones institucionales orientadas al control de armas y a la reducción de hechos violentos en el país.
