El Gobierno de Gustavo Petro anunció oficialmente la puesta en marcha de un racionamiento programado de gas natural en la región Caribe, generando preocupación tanto en el sector energético como en la ciudadanía afectada.
La medida se aplicará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de este año, busca garantizar el suministro para las plantas térmicas que dependen del gas para la generación de electricidad en medio de una baja oferta y condiciones críticas de hidrología en la zona.
Esta decisión fue dada a conocer este sábado 19 de octubre en un proyecto de resolución por el Ministerio de Minas y Energía para comentarios, el cual responde a una advertencia del Centro Nacional de Despacho (CND) que señala la ausencia de suministro desde la Planta de Regasificación de Cartagena, la cual estará fuera de operación debido a labores de mantenimiento.
En este escenario, las plantas térmicas en la región dependerán exclusivamente del gas natural producido en los campos nacionales, lo que plantea un serio reto ante la creciente demanda energética de la Costa Caribe.
Detalles del racionamiento
El racionamiento programado será gradual, comenzando con un recorte de hasta 84,6 GBTUD los días jueves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre.
Luego, la reducción se profundizará a 75,7 GBTUD el sábado 2; 60,3 GBTUD el domingo 3, y finalmente 72,4 GBTUD el lunes 4, según detalla la resolución firmada por el ministro Omar Andrés Camacho Morales.
Este cronograma evidencia la gravedad de la situación, donde se busca priorizar el abastecimiento de gas para evitar un colapso energético en la región.
Queda al descubierto la fragilidad del sistema
El racionamiento seguirá un estricto orden de atención, según lo dispuesto por el Decreto 1073 de 2015.
En primer lugar, se garantizará el suministro a la demanda esencial, que incluye a usuarios residenciales, pequeños comercios, el Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) y las refinerías, excluyendo aquellas que generan energía eléctrica para autoconsumo.
En segundo lugar, se atenderá la demanda no esencial con contratos vigentes y registrados en el gestor del mercado de gas. Finalmente, se priorizarán las exportaciones pactadas, lo que deja entrever el complejo equilibrio que se intenta mantener entre el consumo interno y los compromisos internacionales.
Este esquema de prioridades, aunque necesario en tiempos de crisis, desnuda la fragilidad de un sistema que no ha logrado diversificar suficientemente sus fuentes energéticas, dependiendo en gran medida del gas natural y exponiendo a la región Caribe a este tipo de medidas extremas.
Impacto económico: una factura que pagarán los usuarios y el país
Las implicaciones de este racionamiento van más allá de los cortes en el suministro. Un informe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía advierte que la afectación podría alcanzar entre un 5% y 12% de la demanda eléctrica del país en la región Caribe.
Además, los costos diarios estimados por el racionamiento son alarmantes: entre $80.000 y $170.000 millones de pesos para la energía eléctrica, y entre $5.000 millones y $13.200 millones de pesos para el gas natural.
Estas cifras no solo reflejan la urgencia de la medida, sino también el impacto que tendrá sobre el bolsillo de los colombianos y la estabilidad financiera de las empresas involucradas en la generación y distribución de energía en la región.
Entre las alternativas para mitigar el impacto se encuentra la redistribución del gas disponible, priorizando las plantas térmicas estratégicas para la seguridad energética de la región. Sin embargo, la posibilidad de implementar estas medidas dependerá de la disponibilidad del gas nacional, cuya producción es limitada.
El panorama no es alentador. A pesar de las soluciones planteadas, como aumentar la capacidad operativa de Tebsa o redistribuir la generación entre TermoCandelaria y la central térmica Flores IV, la falta de gas natural sigue siendo el factor determinante para poder enfrentar la crisis de manera efectiva.
