El gobierno nacional prepara la expedición de un decreto que implementará su nuevo modelo de atención en salud en Colombia que, según dicen desde el Ministerio de Salud, está basado en un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo, estructurado bajo un esquema de territorialización. Esta medida surge como alternativa tras el hundimiento de la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro, que no logró avanzar en el Congreso de la República y que es visto como algunos, como un salto de competencias a lo que ya fue dispuesto por el Congreso.
Aunque el decreto aún se encuentra en fase de revisión, de ser firmado, sustituirá la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016.; es decir, buscaría implementar un nuevo marco normativo para instaurar de manera formal ese modelo como política pública para la atención sanitaria de todos los habitantes del territorio colombiano.
Su aplicación involucrará a todos los actores del sector salud: entidades territoriales de nivel departamental, distrital y municipal; prestadores de servicios públicos, privados y mixtos; entidades promotoras de salud, EPS; instituciones prestadoras de salud, IPS; y sus equivalentes; regímenes especiales y exceptuados; y organismos de supervisión como la Superintendencia Nacional de Salud, entre otros institutos y administradoras de riesgos laborales.
Financiación del modelo, fuentes de recursos, mecanismos de supervisión y participación
El financiamiento de la operación del nuevo esquema será soportado por los recursos administrados por la ADRES, los fondos del Sistema General de Participaciones, asignaciones específicas del Presupuesto General de la Nación y los recursos propios de las entidades territoriales. También se contempla el uso de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, cooperación internacional y esquemas como obras por impuestos, especialmente para fortalecer infraestructura hospitalaria, transporte asistencial y dotaciones necesarias para garantizar la implementación.
La Superintendencia Nacional de Salud tendrá a su cargo la vigilancia sobre la conformación y operación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), la atención primaria fortalecida, y la coordinación asistencial en red. Adicionalmente, se promoverán nuevas formas de participación ciudadana para garantizar la protección de los derechos de los usuarios en todo el territorio nacional.
Esta estrategia de control buscará asegurar la operatividad del modelo desde una perspectiva territorial, diferencial e intersectorial, acercando los servicios de salud de manera efectiva a las comunidades. En otras palabras, invlucra el grueso de los cambios que se había presentado al Congreso y que fue negado por esa corporación.
Periodo de transición para adaptación
De aprobarse, el decreto otorgará un plazo de transición de un año a las entidades y actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud para adecuar sus operaciones. Durante este tiempo, deberán reorganizarse de acuerdo al nuevo modelo y a las directrices de integración en redes territoriales.
El Ministerio de Salud y Protección Social, señala el borrador de decreto, acompañará este proceso mediante la asistencia técnica y la emisión de lineamientos adicionales que faciliten la implementación progresiva de las disposiciones.
La medida representa el mecanismo mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro intenta avanzar en la transformación del sistema de salud colombiano, tras no conseguir la aprobación de su ambiciosa reforma legislativa en el Congreso.
Este es el borrador del Decreto que pretende implementar una reforma a la salud, pasando por alto al Congreso de la República e instaurando una reforma por decreto.
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