El gobierno de Perú anunció el pasado miércoles 16 de octubre que declarará el estado de emergencia en Lima Metropolitana, como medida urgente para enfrentar la creciente criminalidad que afecta a la capital del Perú. La decisión fue informada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, quien destacó que esta medida no será solo simbólica, sino que irá acompañada de un paquete de acciones concretas y eficaces para proteger a los ciudadanos. “Los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos para declarar en emergencia, Lima, pero con contenido, con verdad como hoy se ha dicho” señaló el presidente del Consejo de Ministros.
La declaratoria de estado de emergencia implicaría la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control territorial y la lucha contra la delincuencia organizada de ese país.
Esta medida responde al aumento de hechos delictivos, incluyendo casos de extorsión y sicariato, y a las múltiples protestas ciudadanas y movilizaciones principalmente en Lima. El primer ministro señaló que el gobierno trabaja para presentar un plan integral que será sometido a debate técnico y que buscará dar resultados reales y contundentes para mejorar la seguridad.
El anuncio se dio tras una jornada violenta de manifestaciones en Lima el pasado miércoles 15 de octubre, que dejaron al menos un muerto y más de 120 heridos, entre civiles y policías, en medio de un clima de tensión social y demanda de acciones urgentes por parte del Gobierno del Perú.
Por su parte, el presidente interino José Jerí ha encargado al gabinete preparar y definir este paquete de medidas como respaldo ante la posibilidad de declarar estado de emergencia. El mandatario declaró ante medios de comunicación locales que no se retirará de su cargo y que, “Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y compromiso. Estoy plenamente convencido de que trabajando juntos, lo podemos lograr”. Además, aseguró que garantizará plenamente una libre elección para el próximo 2026.
Organismos sociales y políticos mantienen expectativas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con esta medida sin afectar derechos ciudadanos de manera desproporcionada. La vigilancia pública hacia la aplicación y resultados de esta declaratoria será clave para su aceptación y sobre todo para retomar el control del orden público y desmantelar el crimen organizado en el Perú.
