A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Guatemala expresó su rechazo a las órdenes de captura emitidas contra el embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, y la fiscal general de ese país, Luz Adriana Camargo Garzón.
Ambos juristas participaron como altos funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo que operó en el país hasta 2019.
El pronunciamiento, divulgado este lunes por la administración del presidente Bernardo Arévalo de León, señaló que las órdenes carecen de “sustento legal” y se emiten con un “evidente objetivo político”. La medida fue adoptada por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, la cual atribuye a Velásquez y Camargo supuestas irregularidades en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.
Según el Ejecutivo guatemalteco, las órdenes vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y Guatemala, mediante el cual se estableció la CICIG, y contravienen los principios del derecho internacional contenidos en la Carta de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos.
El comunicado oficial asegura que las acciones del Ministerio Público se suman a una serie de actuaciones anteriores contra jueces, fiscales y periodistas que han investigado casos de corrupción. El Gobierno de Guatemala consideró que estos procesos han derivado en la “criminalización y abuso del derecho penal”, según lo expresado en el documento.
La Sala Tercera de Apelaciones, presidida por el magistrado Alejandro Prado, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y observadores internacionales. En el pasado, ha emitido resoluciones contra el partido oficialista Movimiento Semilla, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en relación con los comicios generales de 2023.
Asimismo, la Fiscalía guatemalteca fue señalada por estar encabezada por funcionarios sancionados internacionalmente. Diversas voces han denunciado que los jueces de apelaciones no tienen competencia legal para emitir órdenes de aprehensión, como lo recordó el exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Estados Unidos.
Velásquez y Camargo lideraron investigaciones anticorrupción dentro del Estado guatemalteco entre 2014 y 2019, periodo durante el cual la CICIG desarticuló más de cien estructuras criminales presuntamente integradas por funcionarios, empresarios y políticos.
La Cancillería guatemalteca anunció que se encuentra en contacto con el Gobierno de Colombia para presentar objeciones y aclaraciones diplomáticas, con el fin de no afectar las relaciones bilaterales. En paralelo, la ONU recordó en 2024 que los funcionarios internacionales que hicieron parte de la CICIG siguen contando con inmunidad, conforme al convenio de creación de la comisión.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también se pronunció este lunes, afirmando que la orden “carece de sustento jurídico” y representa una afectación a los principios del derecho internacional.
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