El Flores Settlement Agreement, FSA, establecido en 1997, es un acuerdo legal que impone estándares mínimos para la detención, tratamiento y liberación de menores migrantes bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos. Este acuerdo surgió como resultado de un litigio iniciado en la década de 1980 y tiene como finalidad garantizar condiciones adecuadas y protección legal para los menores no acompañados en procesos migratorios.
El acuerdo exige, con excepciones limitadas, que los menores sean ubicados en instalaciones no restrictivas autorizadas por el estado, y que estas cumplan con todas las normativas estatales de bienestar infantil. Las instalaciones deben estar certificadas por agencias estatales competentes y sometidas a supervisión regular. La juez Dolly Gee, encargada de supervisar el cumplimiento del acuerdo, ha reiterado que este requisito busca garantizar protección mediante vigilancia independiente por parte de organismos de bienestar infantil.
El pasado jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una solicitud formal ante la jueza Gee para poner fin de manera definitiva al Acuerdo Flores. En su argumentación, el gobierno afirmó que el acuerdo ha dificultado la implementación de políticas migratorias, limitando la capacidad del poder ejecutivo para detener y deportar familias migrantes, y que ha incentivado cruces fronterizos no autorizados.
En el documento presentado ante la corte, el Departamento de Justicia señala, que “Este tribunal debe terminar el FSA porque asigna indebidamente decisiones sobre la aplicación y detención migratoria al poder judicial en lugar del ejecutivo«.
Esta no es la primera vez que se intenta derogar el acuerdo. Durante su primer mandato, el expresidente Donald Trump también impulsó acciones legales con argumentos similares, sin éxito judicial.
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