Human Rights Watch señaló que las más recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria implican la suspensión de trámites para personas procedentes de 19 países incluidos en la actual lista de restricción de viaje, así como la congelación de todas las solicitudes de asilo pendientes sin distinción de nacionalidad.
La organización sostuvo que estas disposiciones afectan a personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional cuyo estatus migratorio queda en pausa mientras entran en vigor los nuevos lineamientos de la administración de Donald Trump.
Las medidas fueron anunciadas días después de un incidente ocurrido en Washington, el 26 de noviembre, en el que un inmigrante afgano fue señalado como responsable de un ataque contra dos integrantes de la Guardia Nacional.
Tras ese hecho, el presidente Trump indicó que detendría la migración proveniente de países del llamado “tercer mundo” y mencionó que se adoptarían restricciones adicionales. Posteriormente, se informó que quedarían suspendidos los trámites para la emisión de tarjetas de residencia y la naturalización de personas originarias de Afganistán, Burundi, Chad, República del Congo, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Myanmar, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.
HRW indicó que las autoridades no han presentado datos que asocien a las personas solicitantes de asilo o a los nacionales de estos países con un incremento en los riesgos de seguridad pública. La organización afirmó que las medidas prolongan la lógica aplicada a restricciones anteriores implementadas durante la primera administración Trump y destacó que estas decisiones tienen efectos sobre los compromisos internacionales de Estados Unidos relacionados con la protección de personas que buscan asilo.
En paralelo, el Departamento de Estado confirmó que la administración ha revocado 85.000 visas durante el año en curso. Entre ellas se encuentran cerca de 8.000 visas de estudiantes internacionales, una cifra que, según funcionarios, supera con amplitud la registrada bajo el gobierno anterior. Las causas reportadas incluyen infracciones relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones y robos, que habrían constituido casi la mitad de las revocaciones del año previo.
El Departamento de Estado también informó que retiró visas a estudiantes involucrados en manifestaciones en universidades de todo el país, especialmente en protestas relacionadas con la ofensiva en Gaza.
La entidad señaló que se revisaron los expedientes de “centenares” de jóvenes que participaron en estas actividades, lo que representa un cambio en comparación con gestiones anteriores. Los lineamientos vigentes, según funcionarios, endurecen las evaluaciones para nuevos solicitantes e incluyen el análisis de actividad en redes sociales.
Adicionalmente, se confirmó que haber trabajado en áreas de verificación de datos o moderación de contenido puede derivar en la negación de una visa, en aplicación de una directriz emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio.
La instrucción establece restricciones para ingresar a personas vinculadas con actividades consideradas como limitantes de la expresión de ciudadanos estadounidenses. Aunque el Departamento de Estado sostiene que cada caso se decide con base en un análisis completo de la información del solicitante, los ajustes muestran que los procesos de revisión migratoria continúan bajo criterios ampliados y con nuevas restricciones.
