En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior de Ecuador aseguró que la deportación de 700 ciudadanos colombianos privados de la libertad se ejecutó “bajo estrictos protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos”.
La operación se desarrolló durante la noche del viernes 25 de julio y se concretó en la mañana del sábado 26, a través del Puente Internacional de Rumichaca, ubicado en la frontera entre ambos países, a tres kilómetros del municipio de Ipiales.
El operativo ha generado reacciones en Colombia, ya que las autoridades del país no fueron informadas previamente sobre el traslado masivo de los connacionales detenidos en cárceles ecuatorianas. Esta situación motivó un pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería colombiana, que expresó su preocupación por la falta de coordinación bilateral.
Desde Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la medida como “unilateral” y sin los protocolos establecidos entre ambas naciones. Además, advirtió que el procedimiento podría haber puesto en riesgo los derechos fundamentales de las personas deportadas, al no contar con una notificación previa que permitiera una adecuada articulación institucional.
En respuesta, el Gobierno de Ecuador explicó que durante el mes de julio de 2025 se llevaron a cabo cerca de 1.000 audiencias individualizadas para personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana, como parte del proceso administrativo de deportación. Según lo indicado, estos procedimientos se realizaron en cumplimiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Código Orgánico Integral Penal.
