El Gobierno nacional confirmó que el próximo lunes sostendrá una reunión con los gobernadores de los 32 departamentos, en medio de los cuestionamientos que han surgido por el decreto de emergencia económica expedido tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
El encuentro se dará en un contexto de tensión entre la Nación y las regiones, que han advertido posibles afectaciones a las finanzas territoriales a partir de las medidas adoptadas.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que el decreto busca generar ingresos adicionales por 11,1 billones de pesos en 2026, a través de nuevos impuestos decretados en el marco de la emergencia, con el objetivo de atender lo que el Gobierno ha denominado un desbalance en la situación financiera del país.
Sin embargo, los mandatarios departamentales han expresado reparos frente al alcance de estas decisiones y su impacto en las rentas locales. La inconformidad fue expuesta de manera formal por la Federación Nacional de Departamentos, que anunció la presentación de una demanda contra el decreto.
En un comunicado, la entidad sostuvo que la medida implica un riesgo para la sostenibilidad financiera de los departamentos y para su capacidad de garantizar la prestación de servicios como salud, educación y deporte, cuya financiación depende en buena parte de ingresos propios.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, explicó en una entrevista reciente que la reunión con el Ministerio de Hacienda fue solicitada por los propios mandatarios tras una asamblea en la que se evaluaron los efectos del decreto.
En su intervención, señaló que el descontento de las regiones no responde a una confrontación política, sino a la preocupación por decisiones que, según indicó, se tomaron sin una concertación previa con los territorios.
Uno de los principales puntos de discusión es la modificación en el esquema de recaudo de impuestos asociados a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar, que constituyen la base de los ingresos departamentales. Los gobernadores han advertido que cualquier variación en estos tributos tiene un impacto directo sobre los presupuestos regionales y sobre la ejecución de los planes de desarrollo.
Algunos mandatarios ya han puesto cifras sobre la mesa. Desde Antioquia se ha señalado que, bajo las nuevas condiciones, el departamento tendría que trasladar cerca de 700.000 millones de pesos al Gobierno Nacional. En Boyacá, el impacto estimado sería de aproximadamente 32.000 millones de pesos, según lo expuesto por su gobernador.
Amaya también planteó que el debate va más allá de productos específicos y se centra en el modelo de financiación territorial. Señaló que las regiones dependen de impuestos al consumo que han sostenido históricamente sus finanzas, y que la discusión de fondo es si ese esquema debe mantenerse o si se requiere una reforma que fortalezca de manera estructural los ingresos propios de los departamentos.
