El Ministerio de Salud presentó un proyecto de resolución que propone centralizar la adquisición de medicamentos destinados a tratar enfermedades huérfanas y de alto costo. La medida responde a las órdenes de la Corte Constitucional, tras evidenciarse incumplimientos en los presupuestos máximos que llevaron a la apertura de un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
La propuesta busca modificar el modelo actual de compra, que ha generado dificultades en la ejecución de recursos, y plantea que las adquisiciones se realicen a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esto se realizaría con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y garantizar el acceso a tratamientos. El proyecto establece que los medicamentos a incluir deben cumplir con ciertos criterios, como tratar enfermedades de baja prevalencia, presentar un alto costo, o ser necesarios en casos donde no existan alternativas terapéuticas adecuadas.
También se priorizarán aquellos que generen un impacto financiero significativo sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para garantizar un uso adecuado, los médicos tratantes deberán prescribir los medicamentos mediante la plataforma MiPres, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Crisis en el sistema de salud y órdenes de la Corte Constitucional
La decisión de centralizar la compra llega en un contexto de crisis financiera en el sector salud. La Corte Constitucional, mediante el Auto 2049 del 13 de diciembre de 2024, declaró el incumplimiento en la suficiencia de los presupuestos máximos y ordenó medidas correctivas.
Según el alto tribunal, la transferencia de $819.000 millones aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para reajustar los presupuestos de 2022 no se realizó, lo que afecta la sostenibilidad del sistema.
El incumplimiento de estas órdenes judiciales llevó a la Corte a abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud. El tribunal advirtió que la falta de claridad en la metodología para definir y ajustar los presupuestos máximos genera incertidumbre y dificulta el acceso a servicios médicos no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), afectando tanto a los usuarios como a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El Ministerio de Salud, a través de su oficina jurídica, solicitó a la Corte Constitucional aclaraciones sobre las órdenes impartidas. Según el ministerio, las instrucciones relacionadas con los presupuestos máximos fueron cumplidas dentro de los plazos establecidos, pero argumentó que hay inconsistencias en su interpretación, especialmente sobre los tiempos de pago de los recursos.
Asimismo, la cartera solicitó que se definan las fechas para las transferencias correspondientes a 2025, ya que las instrucciones actuales, que exigen pagos dentro de los primeros 15 días de cada mes, podrían generar conflictos con las normativas vigentes.
La iniciativa de centralización de compras y las respuestas del Ministerio se enmarcan en los esfuerzos del Gobierno por atender las exigencias judiciales y garantizar la estabilidad del sistema de salud en Colombia.
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