La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner perdió la pensión presidencial que percibía, tras una decisión del gobierno argentino encabezado por Javier Milei.
La medida se tomó un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara una condena de seis años de prisión y su inhabilitación para cargos públicos, al ser hallada culpable de administración fraudulenta.
La suspensión de esta pensión, también conocida como «jubilación de privilegio», fue justificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien destacó el ahorro significativo que esta medida representa para el Estado argentino, superando los 21 millones de pesos argentinos.
La pensión que percibía Fernández incluía la asignación tanto de su rol como exjefe de Estado, como la derivada de la pensión de su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
Adorni puntualizó que esta decisión está alineada con el fallo judicial en la denominada «causa Vialidad», en la que Fernández fue considerada autora del delito de administración fraudulenta.
«No debería existir una asignación de privilegio para alguien que ha sido condenada por un delito de tal magnitud», señaló el portavoz, al tiempo que enfatizó que este tipo de pensiones resultan un agravio para los ciudadanos.
El presidente Javier Milei ha reafirmado su posición al respecto y ha declarado en un tono desafiante: «El que las hace, las paga». Por su parte, Fernández insiste en su inocencia y ha apelado al fallo.
La sentencia de seis años de prisión está relacionada con la concesión de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, quien mantuvo estrechos vínculos con los gobiernos de Fernández y Kirchner.
Este retiro de la pensión marca un hito en la política argentina, donde las «jubilaciones de privilegio» han sido ampliamente cuestionadas en el contexto de crisis económica y demandas de transparencia en la administración pública.
