El Gobierno Nacional expedirá en los próximos días el decreto que elimina la prima especial de servicios que actualmente reciben los congresistas, una remuneración adicional que supera los 16 millones de pesos mensuales. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que la medida se encuentra en su fase final de trámite y será firmada esta misma semana.
El anuncio lo hizo el jefe de la cartera económica en una entrevista radial, donde señaló que el decreto ya está listo para su promulgación. Según explicó, la decisión impactará exclusivamente a los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de este año, respetando así los periodos en curso y los derechos adquiridos de los actuales legisladores.
La prima de servicios que será eliminada asciende en 2026 a $16.914.540 mensuales y se paga de manera adicional al salario ordinario de los congresistas. De acuerdo con fuentes oficiales, aunque del ingreso total mensual se realizan retenciones cercanas a los 20 millones de pesos, el Gobierno considera que la existencia de esta prima resulta desproporcionada frente a la realidad económica del país.
El borrador del decreto, que se conoce desde finales de 2025, plantea que la remuneración de los miembros del Congreso no guarda coherencia con el ingreso promedio de los colombianos ni con los objetivos de reducción de brechas sociales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, el Ejecutivo argumenta que se hace necesaria una política de austeridad que comience por los altos cargos del Estado.
En el texto preliminar se señala que la eliminación de la prima busca reorientar el gasto público sin afectar derechos fundamentales, y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de racionalización del gasto. La norma pretende derogar el Decreto 2170 de 2013, que creó la prima especial de servicios para los congresistas posesionados a partir del 20 de julio de 2014 y que ha sido objeto de críticas durante varios años.
Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que la medida responde a un criterio de equidad y responsabilidad fiscal. “Los parlamentarios que están preocupados deben continuar preocupados”, afirmó el ministro Ávila, al recalcar que la decisión del Gobierno es firme y que el decreto no será retirado.
El anuncio ha generado expectativa en distintos sectores políticos y de la opinión pública, especialmente por tratarse de una promesa reiterada en el debate sobre austeridad y reducción de privilegios en el sector público. Una vez expedido el decreto, su aplicación será automática para los nuevos congresistas que se posesionen en julio, lo que marcará un cambio significativo en la estructura salarial del Legislativo.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar un mensaje de ajuste y disciplina fiscal, en medio de un contexto económico complejo y de crecientes demandas sociales por un uso más eficiente de los recursos públicos.
