El gobierno del presidente Gustavo Petro activó el «mensaje de urgencia» para acelerar la aprobación de la ley que regula la Reforma Agraria, una medida que busca establecer las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, pese a las fuertes críticas que ha generado en diferentes sectores del país.
Este lunes 21 de octubre, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Justicia, Ángela María Buitrago, y de Agricultura, Martha Carvajalino, enviaron una carta dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, solicitando tramitar de manera prioritaria el proyecto de ley 183 de 2024.
El proyecto de ley, que ya fue discutido en el Congreso, busca completar el marco legal de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Según el gobierno, esta jurisdicción traerá paz y seguridad jurídica a los territorios rurales de Colombia, resuelve las disputas sobre la propiedad y tenencia de la tierra a través de mecanismos legales, evitando así la violencia que históricamente ha marcado estos conflictos.
Criticas al «mensaje de urgencia»
La propuesta no ha estado exenta de polémicas. La oposición y varios sectores independientes, como la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, manifestó su preocupación por aspectos clave de la reforma, que consideran una amenaza a la propiedad privada.
Miranda denunció lo que ella llama una «expropiación exprés» que podría ser utilizada de manera indiscriminada bajo esta nueva ley.
En sus declaraciones, mencionó que el artículo 5.º, numeral 4.º, del proyecto de ley, permite la expropiación de tierras que se alineen con la reforma agraria, sin especificar criterios claros para determinar qué terrenos pueden ser expropiados. «¿Qué rasero se usará para decidir que una finca en terreno fértil puede ser expropiada?», cuestionó.
Otro punto álgido señalado por Miranda está en el parágrafo 1.º del artículo 12, donde se establece que procedimientos especiales como la expropiación serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una entidad administrativa, en lugar de un juez de la República, como ocurre actualmente. «El juez entra en un proceso posterior, cuando los procedimientos judiciales en Colombia duran años», advirtió Miranda, calificando esta disposición como «inaudita».
Pese a estas fuertes críticas, el ministro Juan Fernando Cristo defendió la urgencia de aprobar la ley, argumentando que Colombia necesita jueces especializados en asuntos agrarios para avanzar en la resolución de conflictos de tierras.
Cristo, en un reciente pódcast, también señaló que el debate sobre la reforma a la salud comenzará la próxima semana en la Comisión Séptima de la Cámara, destacando que «mientras se lanzan muchos juegos pirotécnicos, pasan desapercibidos hechos que son positivos para el país».
A medida que se aproxima la discusión final en el Congreso, las voces críticas seguirán alzándose contra lo que consideran un ataque a la propiedad privada.
La pugna por la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural se intensifica, y aunque el gobierno de Petro defiende la iniciativa como un paso necesario para la paz en los territorios rurales, la controversia no parece tener un desenlace cercano.
