La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 gobernadores de Colombia rechazaron la implementación del Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional incrementó el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, así como de cigarrillos y tabaco elaborado, expedido en el marco de la emergencia económica.
En un pronunciamiento público fechado el 9 de enero de 2026, los mandatarios regionales señalaron que la medida vulnera la autonomía fiscal de los departamentos y pone en riesgo una de sus principales fuentes de financiación. Según la FND, el decreto tiene un carácter re-centralizador y va en contravía de los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial.
Los gobernadores enviaron una carta al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, en la que expresaron su desacuerdo con la medida y advirtieron sobre sus posibles consecuencias fiscales y sociales. En el documento señalaron que “la búsqueda de recursos adicionales para financiar el presupuesto del estado central no puede ser a costa del debilitamiento de los fundamentos del estado descentralizado”.
En la misiva, los mandatarios reiteraron su rechazo a la implementación del decreto y advirtieron sobre su impacto directo en las finanzas territoriales. “Desde las regiones reiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el decreto 1474 de 2025, por ser re-centralizadoras y atentar contra los escasos ingresos de las entidades territoriales, además de poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte en las regiones”, señala el documento.
La Federación Nacional de Departamentos recordó que el impuesto al consumo de licores y cigarrillos constituye una de las rentas más importantes para los departamentos, recursos que permiten sostener programas y servicios esenciales en los territorios. Por ello, alertaron que cualquier modificación en su estructura debe considerar el impacto directo en las regiones y no solo las necesidades del nivel central.
Adicionalmente, los gobernadores manifestaron su preocupación por las implicaciones que el aumento del impuesto podría tener en el crecimiento del contrabando y la ilegalidad en el país. Según indicaron, este fenómeno no solo afecta las rentas departamentales, sino que también tiene repercusiones en la salud pública y la seguridad nacional.
De acuerdo con el pronunciamiento, el incremento del impuesto al consumo podría fortalecer economías ilegales y convertirse en una fuente de financiación de estructuras criminales, lo que agravaría problemáticas ya existentes en varias regiones del país.
La FND concluyó que las decisiones tributarias adoptadas en el marco de la emergencia económica deben respetar el modelo de descentralización del Estado y garantizar la sostenibilidad financiera de los departamentos, sin trasladarles cargas que comprometan su capacidad de atender las necesidades básicas de la población.
