El presidente de la República, Gustavo Petro, designó a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, como directora encargada del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp). La decisión se oficializó a través del decreto 0109 del 29 de enero de 2025.
El documento establece que Ramírez asumirá el cargo sin dejar sus funciones en el Ministerio de Trabajo. En consecuencia, Paulo Alberto Molina Bolívar, quien ocupaba la dirección encargada, dejará el puesto para que sea asumido por la ministra.
La interinidad en la dirección del Dafp se mantiene desde la renuncia de César Manrique en noviembre de 2024. Manrique dejó el cargo en medio de investigaciones relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El exdirector del Dafp argumentó problemas de salud como razón de su dimisión. Sin embargo, la Fiscalía investiga su posible implicación en un esquema de corrupción vinculado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Ungrd.
Las pesquisas apuntan a que Manrique habría colaborado con Luis Carlos Barreto Gantiva en la gestión de $100 mil millones de la ANT. Según la investigación, estos recursos habrían sido movilizados con la intervención de Olmedo López, entonces director de la Ungrd, quien direccionó contratos relacionados con equipamiento de abastecimiento de agua a cambio de sobornos.
De acuerdo con la Fiscalía, López y Manrique habrían acordado un porcentaje del 7% sobre el valor de cada contrato como comisión para la liberación de recursos. Luis Carlos Barreto, señalado como intermediario, habría facilitado la participación de contratistas bajo esta condición. Los fondos obtenidos fueron presuntamente distribuidos entre varios funcionarios, incluyendo a Sneyder Pinilla.
En el marco de la investigación, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a José Moreno Caballero, abogado de Olmedo López. La audiencia programada para el 29 de enero fue reprogramada debido a la ausencia del jurista, quien informó que se encontraba fuera del país.
Asimismo, Luis Gustavo Moreno, defensor de Sneyder Pinilla, enfrenta un procedimiento relacionado con la presunta entrega de $1.000 millones al congresista Andrés Calle.
Mientras continúan las diligencias, Miguel Darío Ángel y Diego Reinel Sierra, conductores de Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente, rindieron declaración el 31 de enero. El magistrado Francisco Farfán, a cargo del caso, busca incorporar nuevas pruebas para establecer responsabilidades y determinar la participación de los investigados en los hechos.
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