La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó al general (r) Mauricio Santoyo Velasco que, en un plazo de cinco días hábiles, entregue un informe detallado sobre la relación entre agentes estatales y grupos paramilitares, con el fin de esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas en Medellín durante el año 2001.
La orden fue emitida por la Sala de Reconocimiento de Verdad y responde a una moción de la Sección de Apelación de la JEP. Este aporte es crucial para la investigación del Subcaso Antioquia, que examina los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares durante el conflicto armado.
La solicitud también está relacionada con la Resolución de Acusación emitida por la Fiscalía, que declaró como crimen de lesa humanidad la desaparición forzada agravada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ocurrida en octubre del año 2000.
Cabe recordar que Mauricio Santoyo ocupó cargos relevantes dentro de la Policía Nacional, incluyendo el de subdirector de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, así como el de comandante del Cuerpo de Élite Antiterrorista en Medellín.
La JEP espera que este informe ayude a esclarecer los vínculos entre las fuerzas del Estado y los grupos armados ilegales. Santoyo enfrenta procesos penales por su presunta participación en crímenes relacionados con el paramilitarismo.
