El precandidato presidencial Juan Manuel Galán cuestionó la intención del Gobierno de avanzar en la compra de aviones de combate Gripen por 14,5 billones de pesos, decisión que, según advirtió, no responde a las urgencias actuales del país en materia de seguridad.
Para Galán, la prioridad no puede estar en proyectar escenarios de confrontación externa mientras las capacidades reales de la Fuerza Pública continúan deterioradas. “Nuestra Fuerza Pública no necesita aviones nuevos, lo que necesita es tener capacidad operativa”, afirmó al señalar que la discusión debe centrarse en la eficiencia, y no en adquisiciones que no atienden las necesidades inmediatas del territorio.
El precandidato cuestionó directamente el propósito estratégico con el que el Gobierno justifica la millonaria compra.
“El Gobierno quiere gastar 14,5 BILLONES en aviones Gripen para una ‘eventual guerra con otro país’, ¿Esa es la prioridad cuando la seguridad se está desmoronando?”
El anterior planteamiento lo hizo Galán haciendo énfasis en la crisis de orden público que afecta diversas regiones del país.
Galán también llamó la atención sobre la situación de los helicópteros MI-17, aeronaves clave para operaciones de movilidad, abastecimiento, evacuación y despliegue de la Fuerza Pública en zonas de difícil acceso.
Según señaló, gran parte de esta flota continúa inactiva: “Mientras tanto, los helicópteros MI-17, esenciales para operaciones reales en el territorio, siguen en tierra por fallas de mantenimiento, contratos incumplidos y anticipos sin ejecución clara”.
El precandidato insistió en que la estrategia de seguridad debe orientarse hacia las necesidades operativas y logísticas del país, más que hacia inversiones que no responden a las dinámicas actuales de criminalidad. En un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, sostuvo: “Lo estratégico no es comprar cazas suecos. Lo estratégico es reactivar la flota de helicópteros, fortalecer la inteligencia y golpear a los grupos criminales donde operan”.
Galán concluyó que el debate debe centrarse en la eficiencia del gasto público destinado a la seguridad.
