El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, informó a través de su cuenta de X que presentará este viernes una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Guerrero, coordinadora del gabinete del Ministerio del Interior, por presunto peculado.
La denuncia se fundamenta en el uso de un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para actividades de carácter personal.
La funcionaria es señalada de haber realizado, el 19 de junio, un viaje en una aeronave oficial hacia Valledupar. Según la denuncia, Guerrero estuvo acompañada de su hermana Verónica Guerrero, quien también tiene contrato con el Estado, y se alega que ambas se trasladaron a la ciudad donde reside su familia. Las indagaciones también buscan establecer si, el 20 de junio, la aeronave fue utilizada para transportar allegados de la funcionaria.
El caso ha despertado el interés de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la cual realizó recientemente una visita a la sede del Ministerio del Interior con el objetivo de recoger documentación y verificar si se cometieron irregularidades en el uso de los recursos públicos.
En esa oportunidad, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que Guerrero se encontraba cumpliendo una misión oficial en el marco de las estrategias de paz total, y que por razones de seguridad dicha misión tenía carácter reservado.
Sobre la visita del ente de control, Benedetti también escribió en su cuenta de X: “Contento de que la @PGN_COL haya venido hoy al @MinInterior para aclarar. Fueron recibidos directamente por mí para que el Ministerio sea de puertas abiertas y ellos puedan encontrar la información que requieran”.
Sectores políticos han cuestionado cuál fue la supuesta misión oficial que justificó el uso de aeronaves oficiales, y por qué una persona que no ha culminado su formación universitaria estaría asignada a temas de seguridad nacional.
Además de la denuncia penal anunciada por Briceño, se ha conocido que la Contraloría General de la República también ha solicitado información sobre el uso de los recursos en este caso, con el fin de determinar si hubo afectación al patrimonio público.
