La Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo la dirección de Augusto Rodríguez, exguerrillero del M-19, ha vuelto a encender la polémica con la creación de 1.170 nuevos puestos de trabajo temporales.
Con el Decreto 1268 de 2024, emitido el 11 de octubre, se oficializó la contratación de una planta temporal de empleados que estará en servicio hasta el 31 de diciembre de 2024.
Pero la gran pregunta es: ¿realmente se trata de fortalecer la seguridad o estamos frente a un nuevo esquema de burocratización que beneficia a los amigos del gobierno?
Los críticos han señalado que esta medida huele más a clientelismo que a una verdadera estrategia de protección.
En un país donde la seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos está en constante amenaza, resulta preocupante que la entidad encargada de velar por su protección esté priorizando la contratación de personal en medio de un entorno cuestionado.
¿Seguridad o pretexto?
Con 1.170 nuevos empleos, entre los que destacan 1.000 oficiales de protección y otros cargos administrativos, la UNP busca cubrir la creciente demanda de protección.
Desde el Ejecutivo se insiste en que esta es una estrategia para dignificar el empleo, eliminando la tercerización de servicios y beneficiando a los trabajadores.
No obstante, no son pocos los que se preguntan si esta iniciativa no es más que una excusa para repartir cargos entre allegados al gobierno, bajo el velo de la formalización laboral.
La UNP, con este decreto, sigue la línea trazada por el gobierno Petro de formalizar más de 8.000 empleos permanentes.
Pero detrás de esta medida surgen interrogantes: ¿Cómo se seleccionarán estos puestos? ¿Habrá transparencia en el proceso?
El peligro de la improvisación
A pesar de las promesas de eficiencia y transparencia, las dudas sobre la capacidad del gobierno para ejecutar este nuevo esquema de contratación persisten.
Con la crisis de seguridad que atraviesa el país, no es momento para experimentos ni favores políticos. Los ciudadanos merecen respuestas claras y contundentes sobre el manejo de una entidad tan crucial como la UNP.
La creación de estos 1.170 empleos podría haber sido una oportunidad para fortalecer la seguridad en Colombia, pero, bajo la dirección de Rodríguez y con un gobierno que genera cada vez más desconfianza, parece que nos enfrentamos a un nuevo capítulo de burocratización, corrupción y manejo político en detrimento de los verdaderos intereses del país.
En última instancia, lo que está en juego es la protección de aquellos que, día a día, arriesgan sus vidas. Y mientras las dudas sobre la transparencia y las verdaderas intenciones detrás de esta medida sigan en el aire, la UNP se mantendrá bajo el escrutinio de una ciudadanía que exige seguridad, no más empleos para «amigos» del gobierno.
