La organización no gubernamental Foro Penal presentó un balance crítico sobre la recién promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Ciudadana en Venezuela, reconociéndola como un avance político, pero advirtiendo que su alcance es limitado y que no garantiza la eliminación de la persecución mientras permanezca intacto el aparato represivo.
El director presidente de la ONG, Alfredo Romero Mendoza, sostuvo que el problema central del sistema de justicia es que ha sido utilizado como herramienta política y que a la fecha, permanecía sin cambios.
Señaló que, aunque la Ley extinga algunos procesos judiciales, la estructura de jueces y fiscales que operó la represión seguía en sus cargos, lo que generaba la amenaza de una “puerta giratoria”, que consitiría en liberar a unos presos mientras se podían detener a otros.
Romero destacó que, según los registros auditados por Foro Penal al cierre de febrero de 2026, se habían registrado 18.900 arrestos arbitrarios desde 2014, 11.606 personas bajo medidas cautelares y 875 civiles juzgados por tribunales militares, prácticas denunciadas por violar el debido proceso.
Además, calculó que aproximadamente 400 de los más de 600 presos políticos activos quedarían fuera del alcance de la amnistía, incluyendo a personas vinculadas a casos como la denominada “Operación Gedeón”, en muchos casos civiles, lo que los dejaba en situación de vulnerabilidad legal.
Por otra parte, el director vicepresidente, Gonzalo Himiob Santomé, calificó la Ley como arbitraria en varios aspectos, ya que aunque formalmente abarcaba el período 1999-2026, solo aplicaba de manera efectiva a 20 meses de persecución, dejando fuera más de 26 años de arrestos y juicios políticos continuos.
Asimismo, criticó la exclusión de delitos como la rebelión militar o tipos penales especiales, mencionando que eran utilizados de manera recurrente por el Estado para encarcelar a la disidencia.
Pese a las limitaciones, Himiob resaltó que el Artículo 15 permitía que los casos excluidos sean revisados por una Comisión de Seguimiento con participación de la sociedad civil, a la que Foro Penal entregará las listas correspondientes para garantizar que más personas puedan beneficiarse de la Ley.
La ONG recordó que la libertad de los ciudadanos no dependía únicamente de la Ley de Amnistía, sino también del cumplimiento de las leyes vigentes y declaró que podrían liberarse de inmediato personas detenidas preventivamente por más de dos o tres años sin sentencia.
Así como a quienes ya hubieran cumplido penas o tuvieran derecho a medidas alternativas, y a adultos mayores, personas con discapacidades o enfermedades graves. Romero destacó que había personas mayores de 70 años que, según la ley, no deberían permanecer en prisión y requerían excarcelación inmediata.
