En medio de la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno Petro, un contrato suscrito por el Sistema de Medios Públicos Rtvc desató críticas desde sectores de oposición por el monto, el objeto y el momento en que fue firmado.
La contratación, revelada por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, compromete recursos públicos por más de $2.863 millones y tiene una vigencia limitada a 16 días.
De acuerdo con la información expuesta por el congresista, el contrato fue firmado el 15 de diciembre de 2025 entre Rtvc y la empresa Performa S.A.S. El objeto del acuerdo es la creación integral de una denominada “experiencia inmersiva” de artes escénicas, cuyo propósito es presentar al público la evolución histórica del sistema de medios públicos en Colombia.
Según los documentos conocidos, la empresa contratista deberá encargarse de la conceptualización, diseño, desarrollo, producción, implementación y operación del proyecto. La propuesta contempla la integración de museografía, tecnologías interactivas, arte digital y contenidos audiovisuales. El valor total adjudicado asciende a $2.863.600.000, cifra que ha sido señalada por la oposición como incompatible con el contexto fiscal actual.
Forero cuestionó públicamente el gasto, al considerar que se produce de manera simultánea con el anuncio del Ejecutivo de decretos con fuerza de ley que contemplan la creación o el ajuste de impuestos para enfrentar la situación económica del país.
Desde su perspectiva, la contratación resulta contradictoria frente al mensaje de restricción presupuestal que ha acompañado la declaratoria de emergencia. El legislador también afirmó que la iniciativa del Gobierno busca derrochar el dinero, así como hacer uso del dinero para la financiación de las elecciones que vienen en camino, por lo que en materia tributaria tendría que ser objeto de revisión por parte del Congreso y de la Corte Constitucional.
El debate se intensificó debido a que el propio decreto que sustenta la emergencia económica expone como justificación la falta de aprobación de dos proyectos de ley de financiamiento: uno correspondiente a la vigencia fiscal de 2025, por un monto cercano a los 12 billones de pesos, y otro para 2026, estimado en 16,3 billones. En ese contexto, el Gobierno señaló que la situación fiscal obliga a adoptar medidas excepcionales para garantizar la continuidad de programas y obligaciones del Estado.
En el texto oficial de la declaratoria, el Ejecutivo indicó que los decretos expedidos durante la emergencia incluirán impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva, así como tributos orientados a corregir externalidades negativas en ámbitos ambientales y de salud pública. Estas medidas han generado discusión política, en particular por su impacto sobre la carga tributaria y el uso de recursos públicos.
Frente a los cuestionamientos, el Gobierno ha reiterado que su actuación se enmarca en la necesidad de asegurar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de funciones esenciales del Estado.
Según lo manifestado por el Ejecutivo, se han agotado las herramientas legales y reglamentarias ordinarias para obtener recursos destinados a garantizar derechos fundamentales como la salud, la protección de poblaciones vulnerables, el acceso a servicios públicos, el pago de obligaciones judiciales y la seguridad.
