La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) reiteró su preocupación frente a las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, al advertir que el nuevo esquema impositivo podría representar una carga fiscal de hasta el 90% para el sector de licores, un nivel que considera insostenible para la industria y perjudicial para las finanzas regionales.
Según informó la empresa industrial y comercial del Estado, uno de los principales cambios consiste en el aumento del IVA para las bebidas alcohólicas, que pasaría del 5% al 19%, sumado a un incremento significativo en los componentes del impuesto al consumo. Para la FLA, esta combinación de gravámenes tendría un impacto directo tanto en los costos de producción como en el precio final para los consumidores.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, señaló que estas decisiones afectan de manera directa los recursos que tradicionalmente se destinan a sectores estratégicos como la salud y la educación. “Con esta medida, el Gobierno se está apropiando de recursos que deben ser destinados a la salud y la educación, para utilizarlos en gastos que hacen parte del presupuesto general de la nación, lo cual va en detrimento de las finanzas de las regiones”, afirmó.
La empresa ejemplificó el impacto con algunos de sus productos más representativos. En el caso de una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 mililitros, que actualmente paga cerca de $17.500 en impuestos, el valor total de la carga tributaria ascendería a aproximadamente $33.000, lo que se traduciría en un aumento cercano al 50% en el precio para el consumidor. Esto significa que una botella que aproximadamente está en $42,000 pasaría más de $62,000 en su precio final al publico. Para el Ron Medellín, el incremento proyectado sería del 48% pasando de 52,000 pesos a 72,000 pesos aproximadamente.
Desde la perspectiva de la FLA, los efectos de estas medidas no se limitarían al ámbito económico. Ramos advirtió que un aumento significativo en los precios legales del licor podría generar consecuencias negativas en materia de salud pública. “Esta emergencia decretada por el Gobierno Nacional, además de representar un riesgo significativo para la estabilidad económica de las regiones, tendrá efectos adversos sobre la salud pública al propiciar un incremento desmedido en el consumo de licor adulterado”, indicó.
Adicionalmente, la entidad alertó sobre el posible fortalecimiento del contrabando de bebidas alcohólicas, un fenómeno que históricamente ha afectado las rentas departamentales y municipales. La FLA insistió en que el sector de licores es una fuente clave de ingresos para las regiones y que cualquier modificación tributaria debe considerar su impacto integral sobre la economía territorial, la legalidad del mercado y la protección de los consumidores.
El pronunciamiento se suma a las reacciones de distintos actores regionales que han expresado inquietud por los alcances de la Emergencia Económica y sus efectos sobre industrias estratégicas para los entes territoriales.
