La Fiscalía General de la Nación prepara una ampliación en la imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, tras haber aprovechado el aplazamiento de la audiencia prevista para el 1 de octubre.
El nuevo documento incluiría dos delitos adicionales relacionados con supuestas irregularidades en la contratación pública durante su periodo como diputado del Atlántico.
Fuentes judiciales indicaron que el ente acusador, bajo la dirección de la fiscal Lucy Laborde, incorporó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, que se suman a los ya formulados por interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falso testimonio. La ampliación del expediente se habría sustentado en nuevos elementos de prueba recopilados durante los últimos meses.
La investigación involucra también a Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, y a varios funcionarios de la Gobernación del Atlántico. El proceso se centra en once contratos suscritos entre esa entidad y la Fundación Conciencia Social, por un valor superior a $6.500 millones de pesos, con el propósito de implementar programas de atención a adultos mayores.
De acuerdo con información revelada por la revista Cambio, la Fiscalía sostiene que parte de esos recursos habrían sido desviados mediante la entrega de comisiones y pagos irregulares. Un informe de policía judicial detalla conversaciones extraídas del teléfono de Day Vásquez, en las que ambos habrían discutido la obtención de contratos con la ayuda de la gobernadora Elsa Noguera y de empresarios locales.
En uno de los apartes citados en el informe, Vásquez le recrimina a Petro por atacar públicamente a la familia Char, al considerar que ellos habrían facilitado algunos contratos. En esa misma conversación, el entonces diputado habría señalado que quien realmente los ayudaba era la mandataria departamental.
Uno de los contratos en revisión asciende a $400.000.000 millones de pesos, de los cuales presuntamente $160.000.000 millones se habrían destinado a pagos indebidos distribuidos entre Vásquez, el representante legal de la fundación, Gustavo de la Ossa, y un tercero identificado como Pedro Name.
La Fiscalía también evalúa la presunta utilización de documentos falsos en las declaraciones de renta de los años 2020 y 2021, con el fin de justificar el incremento patrimonial de los implicados. Según el ente investigador, esta maniobra configuraría un caso de falsedad ideológica en documento público.
En respuesta a las acusaciones, Nicolás Petro negó cualquier vínculo con la fundación mencionada y afirmó que su exesposa y su madre mantenían relaciones laborales con la entidad. “No participé en eso ni conozco al representante de la fundación. Nunca envié una hoja de vida ni intervine en esos procesos”, declaró al medio.
Por su parte, Gustavo de la Ossa aseguró que los contratos fueron ejecutados en su totalidad y que no se realizaron pagos indebidos.
Cabe recordar que la audiencia de imputación de cargos fue reprogramada para noviembre, ante un juez de garantías de Barranquilla. En esa diligencia, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que la libertad del procesado podría representar un riesgo para el desarrollo de la investigación.
El hijo del presidente Gustavo Petro enfrenta actualmente varios procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de los nuevos cargos por peculado, falsedad ideológica y tráfico de influencias, que refuerzan el expediente judicial en su contra.
