La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la investigación que adelanta por una presunta red de corrupción que operó en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante administraciones pasadas. En una audiencia realizada hoy 27 de enero, el ente acusador aseguró que la estructura investigada habría utilizado de manera sistemática la contratación directa para favorecer a terceros específicos, entre ellos Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.
De acuerdo con la Fiscalía, las indagaciones permitieron establecer que Miguel Quintero no solo habría sido un beneficiario indirecto, sino que también habría tenido “injerencia de mando y comunicación” dentro del entramado investigado. Según lo expuesto por el ente acusador ante el juez del caso, existen elementos que indican que Quintero Calle solicitaba y suministraba información con el propósito de facilitar la vinculación de personas a determinados procesos contractuales, junto a otros ciudadanos mencionados en la investigación, como Álvaro Villar.
Uno de los puntos centrales señalados por la Fiscalía tiene que ver con el uso reiterado de la contratación directa. Para el ente investigador, esta modalidad no habría sido empleada por error administrativo o desconocimiento normativo, como lo ha sostenido la defensa de algunos implicados, sino que habría constituido el mecanismo deliberado para direccionar contratos. En ese contexto, la Fiscalía explicó que, a través de convenios específicos, se habría llegado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí como intermediario, desde donde presuntamente se habrían canalizado beneficios indebidos hacia personas previamente determinadas.
El nombre de Miguel Quintero Calle no es nuevo en el escenario público. Durante la alcaldía de su hermano Daniel Quintero, fue objeto de cuestionamientos por su estadía en una lujosa propiedad administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en plena época de pandemia. Ese episodio generó debate político y mediático sobre el uso de bienes del Estado y el acceso privilegiado a los mismos, aunque en su momento no derivó en imputaciones penales formales.
A ello se suman testimonios que hoy hacen parte del acervo probatorio de distintos procesos. Algunos testigos, bajo juramento, han señalado que Miguel Quintero habría cobrado supuestamente un porcentaje, citado en versiones judiciales como del 20%, sobre contratos gestionados en entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y Metroparques. Estas entidades manejan presupuestos significativos y cumplen un papel estratégico en la planeación y ejecución de proyectos en Medellín y su área de influencia.
La Fiscalía no ha presentado aún una acusación formal contra Miguel Quintero Calle, pero sí dejó constancia pública de que su nombre aparece dentro de las líneas investigativas, como presunto tercero favorecido en el esquema de contratación irregular. El proceso continúa en etapa de investigación y control judicial, y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad penal de las personas mencionadas, con base en las pruebas recaudadas.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones por presuntas irregularidades durante la administración de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023. Según datos confirmados por las autoridades judiciales y de control, al menos 55 exfuncionarios de ese periodo enfrentan procesos penales, disciplinarios o fiscales, relacionados con distintos hechos de contratación, manejo de recursos públicos y presunto direccionamiento de convenios.
El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió nuevamente a este panorama al señalar que, a su juicio, los hechos no corresponden a situaciones aisladas. “Ya son 55 los imputados por la Fiscalía, incluyendo el jefe de la banda. Esto no es una casualidad. Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín y efectivamente lo hicieron”, afirmó el mandatario distrital, reiterando su posición de que durante la administración anterior se habría configurado un esquema organizado de corrupción.
Desde el entorno del exalcalde Daniel Quintero se ha insistido en que él no tuvo injerencia directa en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que no puede atribuírsele responsabilidad por actuaciones de terceros. No obstante, las autoridades han aclarado que las investigaciones avanzan de manera independiente, con base en pruebas documentales, testimoniales y técnicas, sin prejuzgar a ninguna persona.
El caso del Área Metropolitana se suma a otros procesos que involucran contratos interadministrativos, convenios con entidades descentralizadas y el uso de figuras legales que, según la Fiscalía, habrían sido distorsionadas para fines distintos al interés público. La investigación busca establecer con precisión cómo se tomaban las decisiones, quiénes participaban en ellas y qué beneficios económicos se habrían derivado.
Por ahora, la Fiscalía continúa presentando avances en audiencias públicas, mientras se definen eventuales imputaciones adicionales. El proceso sigue en curso y hace parte de uno de los capítulos judiciales más relevantes en la historia reciente de Medellín, por el número de funcionarios involucrados, la cuantía de los recursos comprometidos y el impacto institucional que han tenido las revelaciones sobre la administración pública en la capital antioqueña y su área metropolitana.
