En medio del proceso judicial que se adelanta contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios de sus exfuncionarios, el juez del caso continuó este lunes con la etapa de interrogatorios, en la que preguntó uno a uno a los implicados sobre los delitos que se les imputan.
Durante la diligencia, el juez reiteró que la imputación gira en torno al delito de interés indebido en la celebración de contratos, en hechos que habrían derivado en el favorecimiento irregular de tres particulares.
Según la Fiscalía, los exmiembros del gabinete de Quintero, desde sus diferentes cargos, emitieron conceptos técnicos y jurídicos que abonaron el terreno para justificar un millonario pago de $42.000 millones, recursos públicos que se habrían gestionado con fines cuestionables y sin los filtros legales requeridos.
Durante su intervención, la fiscal del caso fue enfática en señalar que desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial no existía fundamento jurídico para solicitar la actualización del avalúo del terreno en cuestión.
Los abogados defensores insisten en que no hubo ilegalidad en los procedimientos y que se trató de actuaciones dentro del marco de la ley y en beneficio del desarrollo urbano de Medellín.
La ffiscal ha señala en varias ocasiones que la defensa estaría tratando de dilatar el proceso con preguntas que no vienen al momento o que no están relacionadas con el tema.