La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes un giro en la investigación relacionada con el esquema de seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en hechos que hoy son investigados como magnicidio.
A través de un comunicado oficial, el ente acusador informó que la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y decidió remitir la indagación al Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar el crimen.
Según la Fiscalía, la decisión se tomó luego de advertir la “competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, con el fin de evitar futuras nulidades procesales y concentrar todas las actuaciones en un solo equipo investigador.
El comunicado explica que esta determinación se adopta tras revisar los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual la Dirección Seccional Bogotá conformó el “Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay”
.De acuerdo con la Fiscalía, centralizar el proceso permitirá una visión más amplia y coherente del caso, así como una mejor articulación de las pruebas y líneas de investigación.
Como parte de las nuevas actuaciones, el ente investigador anunció que en los próximos días se llevará a cabo una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295 de Administración Pública. El objetivo será fortalecer la investigación por la “posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay”, así como valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener “mayor contexto, unidad y una visión integral del caso”.
Analistas y líderes de opinión han cuestionado esta decisión de la Fiscalía y aseguran que persisten dudas sobre lo que realmente ocurrió y las razones de fondo que llevaron al retiro de la imputación, en un caso que sigue generando interrogantes en la opinión pública.
