El presidente Gustavo Petro fue acreditado como potencial víctima en un proceso penal, tras alegar irregularidades en actuaciones de la Fiscalía. La decisión abre debate sobre garantías constitucionales y tensiones políticas.
La Fiscalía General de la Nación reconoció al presidente Gustavo Petro como víctima potencial dentro de una investigación que involucra a su hijo Nicolás Petro y presuntas irregularidades cometidas por un fiscal delegado. El mandatario argumentó que se vulneraron sus derechos constitucionales durante el proceso, lo que ha desatado una fuerte controversia política y jurídica en el país.
La solicitud fue presentada por el propio presidente, quien denunció al fiscal delegado Mario Burgos por prevaricato, alegando que el interrogatorio a Nicolás Petro se realizó bajo presiones indebidas y fuera de los procedimientos establecidos. Según la defensa del mandatario, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, la petición se fundamenta en la Ley 906 de 2004, que permite a cualquier ciudadano —incluido el jefe de Estado— ejercer sus derechos como víctima en un proceso penal.
Se trata de un documento de 19 páginas, allí se argumenta que accede a reconocer como potencial víctima al presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades que habría cometido el fiscal Burgos en el proceso penal que dirigió en contra de Nicolas Petro, aparentemente, afectando al primer mandatario.
“El fiscal excedió sus funciones al investigar a una persona con fuero constitucional como el presidente. Ahí prevarica, abusa de sus funciones”, afirmó Carranza, insistiendo en que la decisión busca garantizar el respeto a la Constitución.
La controversia no tardó en llegar. La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila calificó la decisión como “ridícula”, señalando que el mandatario pretende manipular la justicia. “Las víctimas somos todos los colombianos a los que Petro nos quiere destruir el país”, escribió en su cuenta de X, avivando el debate político en redes sociales.
Este reconocimiento se suma a otro antecedente reciente: en julio, la Corte Suprema de Justicia también acreditó a Petro como víctima en el caso de las interceptaciones ilegales del DAS entre 2005 y 2007, cuando era senador de oposición. En ese proceso, el alto tribunal concluyó que el Estado vulneró sus derechos fundamentales mediante seguimientos y perfilamientos irregulares.
La Fiscalía, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre las implicaciones de esta acreditación, pero expertos advierten que podría abrir la puerta a solicitudes de reparación simbólica y participación activa del presidente en el proceso judicial.
