La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reconoció la participación del presidente Gustavo Petro como potencial víctima en el proceso penal que se adelanta contra el fiscal Mario Andrés Burgos, investigado por presunto fraude procesal.
La decisión se fundamenta en un documento en el que se argumenta la posibilidad de que el mandatario haya sido afectado por actuaciones del funcionario judicial durante la investigación contra Nicolás Petro.
La información revelada por Caracol Radio, indicó que el ente acusador accedió a reconocer al presidente como potencial víctima en la fase de indagación, conforme a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004 y en la sentencia C-454 de 2006.
El reconocimiento se dio en respuesta a una solicitud presentada por el abogado Pedro Alejandro Carranza, defensor del jefe de Estado, quien planteó seis puntos ante el ente acusador.
La Fiscalía accedió únicamente al que señala un presunto abuso de función pública por parte del fiscal Burgos, en el marco del interrogatorio realizado el 2 de agosto de 2023 a Nicolás Petro en el Búnker de la Fiscalía.
Durante dicho interrogatorio, Burgos formuló preguntas que involucraban directamente al presidente de la República, con el objetivo de establecer si tenía conocimiento o participación en el ingreso de recursos presuntamente irregulares. Según el análisis de la Fiscalía, estas preguntas podrían haber vulnerado el fuero presidencial y generado un posible daño inmaterial relacionado con el buen nombre y la legitimidad del cargo.
La legislación colombiana establece que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única instancia competente para investigar al presidente por posibles delitos. En ese sentido, la Fiscalía consideró que las actuaciones del fiscal Burgos podrían haber excedido sus facultades, lo que motivó el reconocimiento del presidente como potencial víctima en la fase de indagación.
El documento señala que “se satisfacen los requisitos mínimos para inferir la existencia de un posible daño inmaterial, consistente en la afectación del buen nombre y la legitimidad del cargo del Presidente, cuando se indagó por el conocimiento que el mandatario tenía sobre las actividades ilícitas ligadas al parecer con su elección, preguntas y respuestas divulgadas a la opinión pública por diferentes medios de comunicación”.
La Fiscalía aclaró que este reconocimiento no implica una afectación a la presunción de inocencia del fiscal Burgos, quien continúa siendo investigado. Además, se negó la solicitud de aplicar un enfoque diferencial en el tratamiento del presidente Petro, al considerar que su investidura no constituye, por sí sola, una condición de vulnerabilidad que amerite medidas especiales.
En paralelo, Petro emitió una declaración en la que respondió a una orden judicial que le exigía rectificar afirmaciones previas sobre el fiscal Burgos. Aunque reconoció que no existía un acto formal de archivo dictado por el funcionario, reiteró sus críticas al uso del principio de oportunidad en el sistema judicial, señalando que, en su opinión, ha perdido su propósito original y afecta la confianza ciudadana.
Petro indicó que su intención no era cuestionar a un funcionario en particular, sino advertir sobre lo que considera una debilidad estructural en la aplicación de dicho mecanismo dentro de la política criminal del Estado.
