La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022.
La audiencia fue fijada para el 12 de marzo ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, según determinó el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
De acuerdo con el ente acusador, la imputación está relacionada con su rol como gerente de la campaña “Petro Presidente”. La investigación concluyó que la campaña del Pacto Histórico habría superado los límites de financiación establecidos por el sistema electoral.
Según la Fiscalía, la responsabilidad se atribuye a Roa por la función que ejercía dentro de la estructura administrativa de la campaña.
El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González, indicó que la solicitud de imputación fue presentada tras la recopilación de material probatorio dentro del proceso. Explicó que el despacho radicó la petición por considerar que existen elementos suficientes para formular cargos en dos asuntos distintos contra el directivo de la petrolera estatal.
González precisó que, por ahora, no se compulsarán copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con el presidente Gustavo Petro. La actuación se concentra en la presunta responsabilidad de Roa como gerente de la campaña. Según el fiscal, la investigación determinó que la superación de los topes tendría una relación directa con sus funciones administrativas.
Un día antes de la audiencia por financiación electoral, el 11 de marzo, Roa enfrentará otra imputación por el delito de tráfico de influencias. Ese proceso se relaciona con un supuesto favorecimiento contractual a un tercero y con presuntas irregularidades en la compra de un apartamento. La Fiscalía sostiene que existe una conexión entre la negociación del inmueble y la posterior adjudicación de contratos.
Según la exposición del fiscal González, el ciudadano Juan Guillermo Mancera habría sido beneficiado con contratos otorgados por empresas cercanas a Ecopetrol después de participar en un negocio inmobiliario con Roa. El delegado explicó que la hipótesis de la Fiscalía vincula ese intercambio comercial con decisiones posteriores que habrían derivado en contratación.
El caso ha tenido efectos en el comportamiento bursátil de Ecopetrol. Durante la jornada más reciente reportada por la Bolsa de Valores de Colombia, la acción de la compañía registró una desvalorización del 1,78%, cotizándose alrededor de los 2.210 pesos. Analistas del mercado atribuyeron el movimiento a la incertidumbre generada por la situación judicial del presidente de la empresa.
El gerente de renta variable de Casa de Bolsa, Omar Suárez, señaló que el escenario plantea retos en materia de gobierno corporativo. Indicó que la junta directiva recientemente designada tendrá la responsabilidad de adoptar decisiones orientadas a la estabilidad técnica de la compañía y a la protección de la confianza de los inversionistas.
Subrayó que Ecopetrol participa en mercados internacionales a través de ADR, lo que amplía el impacto de la percepción externa sobre su administración.
La nueva junta directiva de la petrolera fue elegida el pasado 5 de febrero y asumirá decisiones relacionadas con la conducción estratégica de la empresa. En ese contexto, analistas han señalado que la gobernanza corporativa será un factor observado por el mercado mientras avanzan los procesos judiciales contra su presidente.
