La Fiscalía General de la Nación ha decidido solicitar la preclusión de la investigación que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las FARC. Esta solicitud se presenta después de más de nueve años de investigaciones en los que no se hallaron pruebas suficientes para vincular al exmandatario con estos hechos.
El caso comenzó en 2014 bajo la investigación de la Corte Suprema de Justicia, pero luego fue transferido a la Fiscalía. El foco de la denuncia se encuentra en una oficina clandestina de inteligencia militar, conocida como “Andrómeda”, desde donde se habrían interceptado las comunicaciones de los negociadores del Gobierno y de las FARC durante las conversaciones de paz en La Habana. Entre los afectados figuran Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, y Sergio Jaramillo, entonces Alto Comisionado para la Paz.
Un personaje clave en este escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, quien confesó haber realizado las interceptaciones ilegales con el fin de afectar el proceso de paz y beneficiar la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión por espionaje, acceso indebido a sistemas informáticos y violación de datos personales. Durante su declaración, afirmó que sus acciones contaron con el apoyo de sectores cercanos al uribismo, pero la justicia no encontró elementos que relacionaran directamente a Álvaro Uribe con estos hechos.
Aunque inicialmente se especuló sobre la posible implicación de funcionarios de alto rango, las investigaciones no lograron establecer una vinculación directa del expresidente Uribe con las interceptaciones. Otros involucrados en casos similares, como Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña presidencial de 2014, fueron exonerados de cualquier responsabilidad.
La audiencia de este proceso se llevará a cabo en el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá. Aunque se había previsto para este miércoles 5 de febrero, se ha anunciado que será reprogramada a solicitud de la fiscal encargada del caso.
«Atendiendo a su comunicación, el Despacho le informa que la delegada fiscal solicitó el aplazamiento de la audiencia citada para el 05 de febrero de 2025. Prontamente se le informará nueva fecha», anunció el Juzgado 51 Penal.
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