Jhorman David Mora Silva, fue judicializado, dado que fue señalado de haber tenido participación directa en la planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con la investigación, Mora Silva, quien actualmente cumple una condena por hurto en un centro carcelario, habría contactado al adolescente que ejecutó el ataque por medio de una videollamada, convenciéndolo de materializar la agresión armada.
Según la información oficial, las evidencias técnicas y testimoniales recopiladas por los investigadores dan cuenta de que desde su sitio de reclusión Mora Silva sostuvo comunicación directa con el menor de edad y posteriormente lo puso en contacto con Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de “Chipi”, quien habría coordinado la logística del atentado.
En desarrollo de las diligencias judiciales, una fiscal adscrita a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. El procesado no aceptó los cargos.
Las autoridades establecieron que todas las coordinaciones del ataque fueron realizadas desde la cárcel, mediante el uso de dispositivos electrónicos. Los investigadores lograron rastrear las comunicaciones que vinculan a Mora Silva con la estructuración del plan criminal, que tuvo como objetivo al senador Uribe Turbay mientras se desplazaba en su vehículo por el sector de Modelia.
De acuerdo con los elementos de prueba, Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial organizado con presencia en varias localidades de Bogotá, dedicado a actividades de tráfico local de estupefacientes, homicidios selectivos, extorsiones y otras conductas delictivas.
El atentado contra el congresista generó una amplia reacción política y judicial, lo que llevó a las autoridades a conformar un equipo especializado de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá para identificar y capturar a los responsables. El adolescente implicado en el ataque fue aprehendido y se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras avanza el proceso penal en su contra.
La Fiscalía informó que continúa recolectando información sobre la posible participación de otros integrantes de la red criminal que habría intervenido en la planeación y ejecución del atentado.
El ente investigador destacó que este nuevo avance en el caso representa un paso importante en el esclarecimiento de los hechos y en el compromiso institucional por garantizar la seguridad de los servidores públicos y la protección del ejercicio político en el país.
