En un nuevo capítulo de las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la Fiscalía General de la Nación inició un rastreo exhaustivo de las cuentas de Ricardo Roa, ex gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, junto con otras personas y empresas relacionadas.
Se conoció a través de Bluradio el acta de audiencia No. 453 del pasado 18 de octubre de 2024, con el cual el Juzgado 3 Municipal con función de control de garantías concedió al fiscal Elkin Javier Ardila Espinosa la autorización para realizar una búsqueda selectiva en base de datos con el objetivo de obtener la trazabilidad de recursos y el estudio patrimonial de varias personas naturales y jurídicas implicadas en la campaña Petro Presidente 2022
Entre las empresas bajo revisión figuran la Unión Sindical Obrera (USO), Olimpo Seguridad LTDA, TBL LIVE S.A.S., que gestionó el alquiler del Movistar Arena para la celebración tras la segunda vuelta electoral, y SERVI RED S.A.
La Fiscalía busca documentación financiera, contractual y tributaria que permita esclarecer el manejo de los recursos de la campaña.
El objetivo de esta diligencia es obtener todos los soportes financieros, contables, contractuales, comerciales (contratos, facturas de venta, recibos de caja, soportes de transferencias electrónicas, facturas anuladas, contratos, órdenes de servicios, certificación estado actual de los servicios prestados, aportes, entre otros), referente a los servicios prestados a la campaña presidencial del año 2022 y la Coalición Pacto Histórico.
El polémico empresario catalán Xavier Vendrell, quien trabajó en la organización de testigos electorales y redes sociales, admitió haber recibido honorarios de 100 millones de pesos a través de una empresa contratada por la campaña. Asimismo, el estratega español Antoni Gutiérrez-Rubí señaló que sus honorarios por la primera vuelta, estimados en 75 millones de pesos, no se registraron en la plataforma Cuentas Claras.
Lucy Mogollón, tesorera de la campaña, sostuvo que nunca tuvo acceso directo a los recursos, atribuyendo la gestión económica a Ricardo Roa y otros colaboradores cercanos.
Estas diligencias forman parte de la etapa preliminar de la indagación y se espera que en los próximos días se realicen más actuaciones judiciales para determinar si existen méritos para una investigación formal.
