La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos delictivos a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias ‘Chipi’, quien ha sido señalado como presunto articulador del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios expuestos por el ente investigador, Arteaga Hernández sería cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a homicidios, microtráfico y otras actividades ilícitas. En ese contexto, habría ordenado el homicidio de un hombre el 15 de junio de 2024 como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo en el occidente de la capital.
Según la investigación, alias ‘Chipi’ habría contactado telefónicamente a una persona para solicitar la ejecución de la acción sicarial y le habría ofrecido cuatro millones de pesos como pago. Posteriormente, se habría reunido con ella en un establecimiento tipo billar, donde acordaron los detalles del hecho y entregó dos millones de pesos como anticipo, además de mostrarle una fotografía de la víctima.
El día del homicidio, Arteaga Hernández presuntamente ubicó a la víctima en un establecimiento de comercio y citó al presunto atacante cerca del lugar. Allí, de acuerdo con el informe judicial, le habría entregado un arma de fuego dentro de un vehículo. Horas después, en la madrugada, el crimen se habría perpetrado en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.
Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a alias ‘Chipi’ los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
La Fiscalía señaló que Arteaga Hernández permanece privado de la libertad en centro carcelario por su presunta participación en el atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay.
El ente acusador precisó que la información hace parte de los avances investigativos en curso y que, conforme al artículo 29 de la Constitución Política y la Ley 906 de 2004, el procesado permanece amparado por el principio de presunción de inocencia mientras la autoridad judicial competente resuelve su situación jurídica.
