César Manrique, quien ejerció como Director de Función Pública, se habría apropiado de $3.000 millones dentro del caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. A los investigados la Fiscalía les imputará los cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El ente investigador en el escrito de imputación afirma que, entre Olmedo López, César Manrique y Luis Carlos Barreto, habrían pactado obtener una coima del 7% de los $100.000 millones que fueron trasladados a la UNGRD para realizar convenios de contratación con la Agencia Nacional de Tierras.
La fiscal, María Cristina Patiño, mostró como se creó una empresa criminal que involucra a altos funcionarios, particulares y empresarios que se habrían puesto de acuerdo para manipular la adjudicación de contratos por medio del pago de sobornos.
Dentro de las muchas irregularidades que se han denunciado, César Manrique, mediante un contrato para la compra de carrotanques direccionado la corporación Yapurutú, se apropió de $3.000 millones de pesos.
Por lo anterior también se vinculan al proceso a Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, miembros de la Corporación Yapurutú, por su presunta participación en la manipulación de los procesos contractuales y apropiación de recursos.
Continúan aumentando los imputados en el caso que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía imputó cargos al abogado Édgar Riveros Rey y a Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la entidad, por su presunta participación en la selección y contacto con contratistas dispuestos a pagar un soborno equivalente al 7 % del valor de los contratos. Además, se anunciaron cargos por lavado de activos contra Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista vinculada a la UNGRD. Ana María Riveros, quien figura como contratista de la entidad, es además hija de Édgar Riveros Rey.
También se han nombrado por parte de la fiscal a los contratistas de la UNGRD, Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
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