La Fiscalía General de la Nación anunció la solicitud de audiencia de imputación contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
El caso está relacionado con el escándalo de corrupción que compromete a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con la investigación, Benavides habría sido un nexo entre el Ministerio de Hacienda, la Ungrd y varios congresistas. Según la Fiscalía, este entramado permitió el direccionamiento de al menos tres contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, por un valor cercano a los $92.000 millones.
El ente investigador señala que los recursos habrían sido usados como parte de una estrategia para obtener votos de congresistas miembros de la Comisión de Crédito Público, con el fin de aprobar créditos solicitados por el gobierno nacional. Benavides ha colaborado con la justicia en calidad de testigo y ha entregado declaraciones que involucran a altos funcionarios, entre ellos el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el directivo del Invías, Juan José Oyuela.
En sus testimonios, Benavides afirmó que el ministro Velasco sugirió buscar caminos alternos para canalizar recursos a través de la Ungrd, mientras que las demoras en la ejecución desde Invías habrían generado presiones sobre su gestión. También aseguró que enfrentaba presión por parte del Congreso para gestionar contactos y avanzar en los compromisos.
En grabaciones reveladas por medios de comunicación, Benavides describió el ambiente de presión que existía dentro del Ministerio de Hacienda. Según sus palabras, el entonces ministro Ricardo Bonilla afirmaba que “se le acababa el tiempo y que algo había que hacer”.
Sobre los denominados “cupos indicativos”, Benavides aseguró que se asignaban a cambio de apoyo parlamentario a proyectos del Ejecutivo, como el Presupuesto General de la Nación o reformas tributarias. “Esos cupos eran en pro de garantizar la gobernabilidad”, indicó en su declaración.
Con la solicitud de audiencia radicada, queda por definir la fecha y el juzgado de control de garantías que asumirá el caso. La Fiscalía no descarta que esta imputación sea el primer paso para que Benavides acceda a un principio de oportunidad, lo que le permitiría seguir colaborando con la justicia a cambio de beneficios judiciales.
La investigación continúa abierta y podría derivar en nuevas decisiones contra otros funcionarios implicados en la presunta red de corrupción en la Ungrd.
