La Fiscalía General de la Nación habría tenido información sobre un atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, trece días antes de que fuera asesinado en Bogotá el pasado 7 de junio.
De acuerdo con un documento citado por la revista Semana, un privado de la libertad en la cárcel de Itagüí, identificado como “de alto perfil”, informó a un fiscal de crimen organizado sobre un plan criminal que incluía el nombre de Uribe Turbay como primer objetivo. La advertencia se produjo el 26 de mayo de 2025, es decir, menos de dos semanas antes del ataque perpetrado por un menor de edad en un mitin político en la capital.
El reporte no solo mencionaba a Miguel Uribe, sino que incluía una lista de dirigentes de derecha como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, el senador Jota Pe Hernández, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, la concejala Claudia Carrasquilla y el abogado Abelardo de la Espriella. Según la información, grupos armados ilegales habrían destinado ocho millones de dólares para ejecutar los atentados.
La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Seguridad, ratificó que la advertencia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía antes del atentado. Sin embargo, no se tomaron medidas de refuerzo en el esquema de seguridad del senador, lo que genera cuestionamientos sobre el manejo de la información.
Posteriormente, el 3 de junio, otra fuente en Montería advirtió sobre un atentado contra Álvaro Uribe y Paloma Valencia. Esta información fue entregada al CTI de Antioquia y también remitida a Bogotá, pero nuevamente no se adoptaron medidas preventivas.
De esas amenazas, ya había dado cuenta, IFMNOTICIAS en su momento, lo que incluso llevó a que Federico Gutiérrez viajara tras el atentado de Miguel Uribe a Estados Unidos y se reuniera con el FBI, y posteriormente se reafirmó el conocimiento de las amenazas, porque las mismas habían sido extendidas a varios concejales de Medellín.
Tras el asesinato de Miguel Uribe, en un consejo de seguridad realizado el 17 de junio en Medellín, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, recordó que la Fiscalía había sido advertida con antelación. La concejala Claudia Carrasquilla calificó la omisión como una “negligencia gravísima” y pidió la renuncia inmediata de la directora seccional de fiscalías en Antioquia, Esperanza Amaya Pascuas.
Por su parte, la Fiscalía aseguró que no recibió los documentos referidos por la Alcaldía, aunque sí reconoció haber iniciado investigaciones tras una amenaza en Córdoba contra el expresidente Uribe.
Para algunos concejales y funcionarios de la Alcaldía de Medellín, que han dado parte oportuno de las amenazas a la fiscalía, ha sido muy extraño que posterior al atentado de Miguel Uribe, el presidente Gustavo Petro sacó de la cárcel a los más peligrosos bandidos de la cárcel Itagüí y los llevó a plaza pública en La Alpujarra, en un acto el 21 de junio que mereció el el rechazo de todos los antioqueños.
Y mientras hoy se revela el documento, se recuerda que sólo hace dos días, la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla del CD, el Concejal Andrés Tobón de Creemos, el Concejal Andrés Rodríguez del CD, entre otros; dieron a conocer que las FARC habrían pagado 8 millones de dólares para asesinar a la alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, a ellos como concejales y algunos precandidatos presidenciales de la oposición.
Y si bien la Fiscalía dijo que no recibió documento alguno, la crítica está dirigida a que sí debió actuar de oficio ante las denuncias que los mismos concejales habían hecho a través de medios como IFMNOTICIAS, por lo que no entienden por qué no se han tomado medidas.
La polémica crece en torno a si existió una falla institucional en la prevención del magnicidio, pues dos alertas previas coincidieron con la información de inteligencia que, finalmente, se materializó en el ataque contra Miguel Uribe Turbay.
