La Fiscalía General programó para el 27 de febrero la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, investigada por la presunta expedición irregular de títulos académicos que presentó para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes.
La diligencia también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José y de acuerdo con la Delegada de Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, el ente acusador formulará imputación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La investigación se centra en la expedición de un título de contadora pública y otro de tecnóloga en gestión contable que, según la Fiscalía, fueron tramitados sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La funcionaria indicó que los documentos académicos fueron cargados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025 y aparecen con fecha de expedición del 1 de julio del mismo año. Esos certificados fueron utilizados por Guerrero para acreditarse ante el Ministerio de la Equidad en el proceso de posesión como viceministra de Juventudes.
La Fiscalía informó que, además de la imputación, solicitó ante un juez una audiencia para pedir medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia contra Guerrero. Esa solicitud será evaluada dentro del mismo trámite judicial.
Según el ente acusador, durante la investigación se recopilaron elementos materiales probatorios relacionados con la expedición de los títulos. Entre las actuaciones adelantadas se encuentra una inspección judicial a la Universidad Fundación San José para obtener documentación académica y administrativa vinculada con el caso.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Jaramillo, dentro del expediente reposan registros que indicarían que Guerrero no asistió a actividades académicas ni presentó las pruebas Saber exigidas para la obtención de los títulos. Esa información hace parte de los soportes que la Fiscalía presentará en la audiencia.
La investigación también incluye la verificación de datos en plataformas oficiales de registro de hojas de vida de servidores públicos. La Fiscalía señaló que cuenta con los registros consignados en el SIGEP y otros sistemas de información que documentan la incorporación de los títulos académicos cuestionados.
La audiencia del 27 de febrero formaliza la etapa de imputación dentro del proceso penal. En esa diligencia, el ente acusador expondrá los hechos jurídicamente relevantes y los elementos probatorios recaudados. El juez deberá garantizar el cumplimiento de las reglas procesales y los derechos de las personas vinculadas al caso, mientras continúa el desarrollo de la investigación.
