En Medellín continúa el juicio contra varios exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero, en un proceso que indaga un presunto direccionamiento irregular del contrato de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad. En las audiencias más recientes, la Fiscalía General de la Nación presentó actas y documentos que darían cuenta de decisiones administrativas cuestionadas, relacionadas con la reducción del presupuesto asignado al Jardín Botánico y la eventual reasignación de esos recursos a otro operador.
Durante la diligencia judicial, la directora ejecutiva del Jardín Botánico, Claudia García, rindió declaración y dio lectura a una carta enviada en su momento al entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En el documento, la directiva manifestó su preocupación por la disminución significativa de los recursos que históricamente recibía la entidad para la ejecución del contrato de mantenimiento de zonas verdes.
Según se expuso en el estrado, el contrato inicial con la Secretaría de Infraestructura Física estaba pactado por un valor cercano a los 12.000 millones de pesos. No obstante, sin una justificación clara, esos recursos fueron reducidos en aproximadamente 5.000 millones de pesos, lo que representó una disminución del 42% del valor inicialmente aprobado. De acuerdo con el testimonio de García, esta decisión tuvo un impacto directo en la operación del Jardín Botánico, al punto de impedir la contratación de cerca de 109 personas.
En la carta dirigida al exmandatario local, la directora advirtió que la reducción presupuestal ponía en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad y afectaba su capacidad para cumplir con las labores asignadas. “El contrato definido desde febrero por un monto de 12.000 millones sufrió una disminución del 42%, poniendo al Jardín Botánico en una situación crítica”, señaló García al leer el documento ante el juez.
Este escándalo, en su momento, fue dado a conocer por IFMNOTICIAS, quien a inicios del 2021 destapó la jugada que la administración de Daniel Quintero, pretendió hacer, comenzando por un contrato interadminsitrativo con Metroparques que a su vez, había cambiado su objeto para entregarle los contratos a privados, concretamente a las empresas de Absdrual Vélez, el llamado Montañero de Andes con la Reforestadora El Líbano, quien fue asesinado en marzo de 2024, cuando presuntamente, se dirigía a presentarse ante la fiscalía para dar su versión.
La Fiscalía indicó además que, tras la reducción del contrato, se realizaron varias reuniones de la junta directiva del Jardín Botánico en las que se abordó reiteradamente el tema. En esos encuentros, incluso, se habría planteado la posibilidad de adelantar acciones legales frente a la decisión adoptada por la entonces secretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, quien figura entre las personas vinculadas a la investigación.
Durante su intervención, García también relató que sostuvo una reunión con María Camila Villamizar, exsecretaria privada de la Alcaldía de Medellín. Según el acta presentada por la Fiscalía, en ese encuentro se discutió la disminución del contrato y se indicó que la decisión habría obedecido a una determinación directa del alcalde.
El ente acusador investiga si la reducción de recursos y su eventual traslado a la Reforestadora El Líbano vulneraron los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación pública. El proceso judicial continúa con la valoración de pruebas documentales y testimoniales para establecer las responsabilidades a que haya lugar.
