La Fiscalía General de la Nación formalizó un preacuerdo judicial con Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o Andrea, señalada como una de las piezas clave en el esclarecimiento del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. El acuerdo contempla una rebaja sustancial de pena, luego de que la joven aceptara los cargos imputados y colaborara de manera decisiva con la investigación.
Según informó el ente acusador durante la audiencia, Martínez aceptó responsabilidad por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones; así como uso de menores de edad en la comisión de delitos, entre otros. Como resultado del preacuerdo, la condena quedaría fijada en 21 años de prisión, cifra inferior a la que enfrentaría de haber sido hallada culpable tras un juicio ordinario.
La Fiscalía explicó que la información aportada por alias Gabriela permitió reconstruir con precisión la estructura del grupo criminal que habría planeado el atentado, así como el rol de cada uno de sus integrantes. De acuerdo con el expediente, la organización estaba encabezada por Elder José Arteaga, alias el Costeño, quien habría coordinado la logística y dado las instrucciones para ejecutar el ataque.
Durante su testimonio, Martínez entregó detalles sobre la planeación previa, los encuentros sostenidos y el armamento utilizado. Entre los elementos más relevantes, señaló que la pistola empleada era una Glock importada, cuyo costo habría sido elevado, y que existían instrucciones explícitas sobre su uso en modo ráfaga. La Fiscalía sostuvo que estos aportes fueron fundamentales para establecer la gravedad de los hechos y la intencionalidad criminal.
La procesada también relató que el día del atentado, el 7 de junio de 2025, se llevó a cabo una reunión en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Allí se encontraban alias el Costeño, un conductor de nacionalidad venezolana identificado como Carlos Eduardo Mora y un menor de edad designado para ejecutar el ataque. Según su declaración, en ese encuentro se distribuyeron funciones, se entregó el arma y se definieron medidas para dificultar la identificación del autor material, como el cambio de vestimenta.
En audiencia, la representante de la Fiscalía explicó que el preacuerdo cumple con los requisitos legales y que será la jueza del caso quien verifique la legalidad, voluntariedad y comprensión del acuerdo por parte de la procesada, conforme a lo establecido en el Código Penal. El ente acusador subrayó que existen suficientes elementos materiales probatorios para respaldar la responsabilidad aceptada por Martínez, sin vulnerar la presunción de inocencia.
El avance judicial representa un paso relevante en el esclarecimiento del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, uno de los crímenes que más conmoción ha generado en el país en los últimos años. Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer responsabilidades adicionales y avanzar en el juzgamiento de los demás implicados.
